Después del agitado contexto de las pasadas elecciones presidenciales, la Corporación Reto del Milenio (MCC) recordó que el desembolso de un segundo compacto de Fondos del Milenio (Fomilenio II) sigue condicionado a la aprobación de un paquete de reformas a la Ley de Asocio Público-Privados (APP) y la revisión de la Ley contra el Lavado de Dinero, de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, la MCC enfatizó en que el país tiene el reto de mejorar el clima de inversión y mantener armonía entre sus instituciones para sostener el Estado de Derecho, dos pilares económicos y políticos que Estados Unidos califica como factores vitales “para que el convenio florezca”.
En este sentido, el director de MCC para El Salvador, James Gerard, confirmó desde Washington que se busca crear un entorno adecuado para que Fomilenio II dé los mejores resultados, por lo que la institución no maneja un plazo máximo para estampar la rúbrica, ya sea bajo la gestión del presidente saliente, Mauricio Funes, o la próxima administración de Salvador Sánchez Cerén.
“Queremos reformas claras, que cada ley funcione de la mejor manera en su marco. Es un proyecto de interés nacional y que llevará desarrollo a una buena parte del país; por ello hay que garantizar sus sostenibilidad a largo plazo con buenas normativas”, valoró Gerard.
Por ello el funcionario agregó que es importante el cumplimiento de varias obligaciones adicionales, sobre todo las relativas al cumplimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y El Salvador, para comprar semillas de maíz necesarias para los paquetes agrícolas, más la capacidad de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Proesa) de gestionar y manejar los proyectos de APP.
Acá, el Consejero para Asuntos Económicos de la sede diplomática estadounidense, John Barret, se enfocó en la necesidad de tener un techo fiscal arriba del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) para que esta modalidad de inversión se diversifique, y puso como ejemplo la ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, cuyo costo supera los $420 millones.
“Nosotros vemos fundamental que los inversionistas tengan un amplio margen con la contraparte gubernamental y consideramos que Fomilenio II dará vida a una dinámica de proyectos a favor de la zona costera. Esa es nuestra apuesta, siempre y cuando hayan reglas claras”, indicó Barret.
Hay que recordar que la mayoría de reformas surgieron de las discusiones del Consejo para el Crecimiento, una instancia donde participan grandes empresarios del país como Ricardo Poma, Francisco Calleja, Roberto Murray Meza y Francisco de Sola, entre otros, quienes ya se reunieron con la formula presidencial electa, un encuentro “bien visto” con el lente de MCC.
“Ese acercamiento entre todos los sectores es lo que busca el Consejo y es crucial para que exista una mayor apertura y se dé la aprobación del compacto”, detalló Gerard.
Senado observa proceso
Por otra parte, las autoridades de MCC indicaron que, después de las objeciones que consideró el senador demócrata Patrick Leahy al convenio que otorgó MCC al país, el Congreso de Estados Unidos sigue pendiente del proceso hacia la firma del segundo compacto y se esperan “avances significativos”.
“Tenemos una comunicación por ley con varios senadores que son parte del subcomité de Ayuda Externa del Congreso y también hacemos uso de los buenos oficios para analizar el proceso entre ambas partes”, explicó Gerard.
Así, aún hay posibilidad de que el Congreso pida revisión y emita alguna objeción, por lo que ambas fuentes instan a que el país acelere el proceso de reformas y el diálogo entre las fuerzas políticas para llegar al acuerdo.
En los temas donde MCC reconoce que sí hay avances de país es en la Ley de Extinción de Dominio y la creación de la División de Delitos Financieros, unidad especializada que servirá de apoyo al Ministerio Público en el combate de la narcoactividad y el lavado de dinero.
“De los cinco puntos del plan, dos ya se cumplieron, lo cual es importante, pero insistimos: hasta que no se cumplan todos los puntos del plan de reformas no se dará el segundo paso en el proceso”, subrayó Gerard, en clara alusión a la firma del segundo compacto, que asciende a $270 millones.
Otros puntos que tanto MCC como la Embajada de Estados Unidos ven como parte complementaria es el registro público de todos los proyectos, para asegurar la transparencia de los APP, y el diálogo entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, aunque el mismo presidente saliente, Mauricio Funes, afirmó en varias ocasiones que todo depende de la Asamblea Legislativa, no del gobierno.
MCC reiteró que siguen con el plan de inversiones previas de $2.5 millones con el cual se han hecho estudios de factibilidad para la ampliación de la carretera Litoral y el estudio de valor por dinero del Aeropuerto, además de visitas constantes de delegados de la institución para revisar la cartera de proyectos del país.