Mientras el resto de Latinoamérica debate la apertura de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la inversión en instrumentos financieros con tasas de rentabilidad más altas, tales como concesiones de infraestructura y acceso a mercados internacionales atractivos; en El Salvador los ahorros de los cotizantes son invertidos, por ley, en Certificados de Inversión Previsional (CIP) estatales que generan baja rentabilidad.
El caso de El Salvador preocupa no solo a nivel local, sino en la región, pues al estar atadas las AFP a invertir hasta el 45 % de sus fondos en los títulos valores que emite el Estado, dado que las tasas de interés promedian el 1.4 %, de seguir así, las pensiones de los primeros jubilados con el nuevo sistema serán exiguas.
Así piensa la Asociación Salvadoreña de Administradores de Fondos de Pensiones (Asafondos) y coincide el economista chileno Guillermo Arthur, quien preside la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones (FIAP).
“El Salvador es el único país que se obliga a los fondos de pensiones invertir prácticamente la mitad de sus recursos, el 45 %, en instrumentos que tienen un rendimiento que es incluso inferior a la inflación. Me parece que eso es de verdad una expropiación del ahorro de los trabajadores y no augura buenas pensiones”, sentenció el chileno.
La lógica de las AFP es que los ahorros personales de cada trabajador sean invertidos en instrumentos financieros, operaciones bancarias u otras transacciones que generen tasas de retorno altas, para que a la hora de jubilarse la pensión sea más alta.
Con los CIP, casi la mitad de los fondos de los ahorrantes, que hoy día ascienden a $7 mil millones generan intereses en promedio del 1.37 %, según números de Asafondos, mientras que los bonos de El Salvador en los mercados internacionales cotizan al 7 %.
De acuerdo con estimaciones de Asafondos, desde 2006 que la Asamblea Legislativa votó en favor del Fideicomiso de Pensiones se han dejado de percibir unos $939 millones en concepto de intereses.
Desde esa fecha, 2006, el Gobierno paga los compromisos con los pensionados del antiguo sistema público, es decir del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los empleados Públicos (INPEP) con el dinero con el cual las AFP compran esos CIP a muy bajo interés.
La administración actual ha dicho que aún con este dinero de la compra de certificados, los próximos gobiernos no lograrán pagar a los pensionados del viejo sistema, el cual quedó sin reservas en 2002, por lo que ha anticipado que habrá reformas para lograr honrar dichos compromisos.
Asafondos ha mostrado anuencia a conversar sobre el tema, pero deja claro que el sistema privado de pensiones es sostenible pero mejorable con la apertura a nuevos mercados internacionales y otros instrumentos financieros. El déficit que tiene el Estado es con los pensionados del antiguo sistema, aclaran. “La reforma debe estar respaldada no en mitos sino en estudios. Las propuestas deben ser evaluadas técnicamente y la reforma debe ser cuantificada. Si implica costos, tienen que decir de dónde saldrán. A veces la gente piensa que es mágico. De ofrecer nadie se ha quedado pobre”, resume René Novellino, presidente de Asafondos.
Por ahora se conoce a través de filtraciones un primer diagnóstico que proponía elevar la edad de jubilación en tres años, eliminar las pensiones vitalicias y subir la tasa de cotización. Hoy día es del 13 % del cual el trabajador aporta el 6.5 %. Hacienda ha dicho que ese diagnóstico no es el definitivo y se está a la espera de un pronunciamiento oficial.
Arrastran déficit
El tema de las pensiones en el mundo siempre ha sido difícil y el problema del pago a los jubilados no es exclusivo de El Salvador.
Los sistemas de pensiones comenzaron hace unos 100 años en Alemania donde se decretó pagarles pensión a los mayores de 60 años.
De acuerdo con Nick Sherry, experto australiano en pensiones que disertó en el pasado congreso internacional de pensiones, la gente de esa época no vivía hasta los 60 años, o eran pocos, por lo cual el pago de las pensiones no era un problema.
Y así hasta hoy, quienes enfrentan mayores dificultades para pagar las pensiones de sus jubilados son los países desarrollados, quienes financian los pagos con el aporte de los jóvenes. El problema es que los mayores en esos países viven en este siglo cada vez más años y con mejores prácticas de vida y además hay menos jóvenes que aporten al sistema, lo cual vuelve el proyecto insostenible.
En la década de 1990 fue Chile quien comenzó a cambiar el modelo estatal hacia uno privado, creando las Administradoras de Fondos de Pensiones para que manejaran en cuentas individuales los ahorros de los trabajadores e invirtiendo ese dinero en instrumentos financieros para cuando llegara el momento del retiro las pensiones fueran dignas.
El sistema sigue en evolución como quedó patente en el último congreso en Cartagena, donde una de las principales coincidencias de los participantes que se debe seguir en esa línea, pero abriendo la inversión en financiamiento de obras públicas y mercados internacionales para elevar el monto y los intereses de los ahorros de los cotizantes.
Pero por otro lado, muchos países, entre ellos El Salvador, tienen un problema para financiar el pago de pensiones del antiguo sistema (ISSS e INPEP). Hoy día, existen unos 100 mil pensionados del antiguo sistema que representan al gobierno una erogación anual estimada en $400 millones.
Cada país ha buscado su propio modelo, por ejemplo en Colombia existe el sistema de AFP y también hay un sistema público que financia el pago de las pensiones con gasto corriente de los impuestos.
En Australia, explicó Sherry, funciona el modelo de AFP pero el mercado en el cual pueden invertir los fondos es bastante abierto, lo que ha permitido generar mayor rentabilidad a las pensiones.
Explicó cómo es creyente de que la mejor forma de tener un sistema de pensiones sostenibles es que el mercado ejerza de regulador fuerte, pero no sea quien decida dónde se invierten los ahorros de los trabajadores. “El capital debe fluir donde se logre mayor retorno. Estos son los mercados, No es un concepto popular pero defiendo la diversificación de inversiones de los fondos de pensiones”, concluyó Sherry.
Otra de las grandes coincidencias en el debate sobre la industria fue el hecho de que los países latinoamericanos deben usar los fondos de pensiones para concesionar obras públicas de gran envergadura como carreteras, puertos o inclusive aeropuertos, pero eso sí: el Estado debe jugar un rol determinante como regulador y diseñador de los proyectos a desarrollar para que las obras sean funcionales, por ejemplo, si se concesiona una carretera a un privado el pago de los peajes sea rentable pero no alto para que los conductores puedan usarla.
Al respecto, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo en el congreso que “queremos ver vallas como en Chile donde diga que: con el pago del peaje de esta autopista se financia su pensión”, es decir, concesiones en los cuales las AFP puedan invertir para obtener mejores rentabilidades y por ende mejores pensiones.
Víctor Traverso, representante de la Corporación Andina de Fomento, explicó como en Colombia las concesiones ya cumplieron 20 años y, en algunos casos, ha habido malas experiencias porque hubo malos diseños por parte del gobierno, malas precalificaciones de empresas. “Por eso el regulador (el gobierno) debe ser fuerte o se paralizan las obras”, explicó Traverso.
En ese punto, Luis Carlos Valenzuela, de la empresa de análisis financiero Sumatoria, puso el énfasis en que las concesiones deben ser a largo plazo para que el retorno sea posible y ahí son claves los fondos de pensiones pues precisamente son dineros que deben devolverle en muy largos plazos a los cotizantes. “Los fondos de pensiones tienen que estar en las concesiones porque son los únicos que tienen plazos largos”, sentenció. En suma, dicen los expertos, la mejor forma de sostener el sistema de jubilaciones es la diversificación de los mercados.