Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son las instituciones más reguladas del sistema financiero, a juicio de Ruth de Solórzano, la presidenta ejecutiva de AFP Crecer, una de las dos principales administradoras de El Salvador.
“Somos la industria más regulada”, dijo De Solórzano, en referencia a la desconfianza que muchas personas expresan sobre el manejo de su dinero desde que el sistema de pensiones se privatizó en 1998.
Sus limitaciones van desde el cobro de comisión que hacen por el manejo del dinero de los salvadoreños, que de acuerdo con la Ley, debe ser de 2.20 % del salario de quien cotiza.
Además las AFP no pueden cobrar comisión por cuentas inactivas y la rentabilidad que generan los fondos que administran tiene que depositarse íntegro en las cuentas de cada ciudadano.
El fondo total de las pensiones privadas, que a la fecha suma más de $7,000 millones, está custodiado por la Central de Depósitos de Valores (Cedeval) que resguarda el dinero de los cotizantes.
Además de estas restricciones, las dos principales AFP del país (Crecer y Confía) deben enviar todos los días un estado financiero completo que detalla el movimiento monetario de cada uno de sus afiliados.
Ruth de Solórzano dice que estas disposiciones son un respaldo que garantiza a los cotizantes el buena manejo de su dinero.
Las limitantes
Sin embargo, los límites legales también han coartado las posibilidades de que el dinero de los afiliados ahorrantes pueda ganar más rentabilidad y multiplicar su dinero.
Por ley las AFP tienen que invertir el 45 % de sus fondos en deuda estatal, es decir, están obligadas a prestar al Gobierno esa cantidad de dinero a través de instrumentos financieros.
Y en otros instrumentos no gubernamentales en los que podrían obtener mejores ganancias también hay límites establecidos: por ejemplo, la ley dispone de 15 diferentes límites para invertir el dinero.
Además las AFP no pueden invertir su dinero en instrumentos extranjeros a menos que los títulos de empresas foráneas estén registradas en el país. Para el caso, las AFP han puesto a trabajar el dinero de los cotizantes en la remodelación del Aeropuerto Tocumen, en Panamá, y en otros proyectos realizados por empresas costarricenses.
Para De Solórzano, es irónico que por las limitaciones de inversión las AFP estén financiando proyectos de infraestructura en otros países cuando El Salvador, tiene mucha necesidad de financiamiento para desarrollar al país.
A juicio de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) estos límites, sin bien resguardan el dinero de los salvadoreños, también limitan que gane más intereses, lo que va en detrimento de las pensiones de los salvadoreños.
Si la rentabilidad es poca, también será poco el dinero que un cotizante habrá recaudado al final de su vida productiva.
El último informe de la Superintendencia del Sistema Financiero indica que la rentabilidad real de los últimos 12 meses fue de 1.53 %, lo que no significa una ganancia significativa para las pensiones.