La cantidad de tarjetas de crédito vigentes que circulan en el mercado salvadoreño aumentó en los últimos dos años, luego de que registrara caídas en 2010 y 2011 debido al impacto de la crisis económica mundial.
A noviembre del año pasado, en el país circulaban más de 646 mil tarjetas de crédito emitidas por bancos comerciales y otras entidades supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Así lo indican las cifras más recientes de la institución que este semanario pudo obtener. Esa cantidad no incluye las tarjetas de crédito emitidas por almacenes y otras casas comerciales.
La cantidad representa un 13.9 por ciento más que las tarjetas bancarias que circulaban en el mercado al cierre de 2012 (detalle en infográficos).
El número de plásticos en circulación ha incluso superado la cifra de 2009, el último año antes de que se registraran caídas ocasionadas por la gran depresión.
Este considerable aumento en la cantidad de tarjetas de crédito bancarias en El Salvador se ha registrado a pesar de que en enero de 2013 entró en vigencia la Ley contra la Usura, que fija topes a las tasas de interés.
Esta normativa siguió a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, que fue aprobada en diciembre de 2009.
No hubo retiro
El considerable aumento en la cantidad de tarjetas de crédito también se ha registrado a pesar de que en 2012, la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) aseguró que si los diputados aprobaban la Ley contra la Usura, los bancos tendrían que retirar unos 300 mil plásticos.
A mediados de noviembre de ese año, la directora ejecutiva de Abansa, Marcela de Jiménez, declaró que no solo habría un retiro de plásticos, sino también “una contracción de la oferta de crédito que hacen las instituciones formales en todos los destinos: consumo, vivienda y empresarial”.
El presidente de la gremial de bancos, Armando Arias, dijo a Expansión que fijar un techo a las tasas de interés equivalía a fijar precios, algo contrario al funcionamiento de una economía de mercado.
La gremial se opuso a cualquier mecanismo de fijación de topes a las tasas de interés, a pesar de que esta disposición existe en Estados Unidos y varios países de América Latina.
Expansión preguntó la semana pasada a Abansa que por qué no se produjo el anunciado retiro de 300 mil tarjetas de crédito del mercado tras la aprobación de la Ley de Usura.
La directora ejecutiva respondió que la normativa terminó por definir criterios técnicos basados en el mismo mercado para fijar los techos a las tasas.
Cada seis meses, el Banco Central de Reserva debe revisar cuál es la tasa de interés promedio que los bancos cobran con sus tarjetas y la multiplica por 1.6. El resultado es la tasa máxima que la ley autoriza para cada uno de los tres segmentos en que se dividió las tarjetas, según el perfil del deudor.
“Los diputados cambiaron el proyecto original, y lo que se aprobó es una ley con la cual nosotros estuvimos muy de acuerdo y la apoyamos”, aseguró de Jiménez la semana pasada.
La ejecutiva añadió que la Ley contra la Usura se basó en criterios técnicos y resultó producto de la comparación de leyes de otros países.
Aunque no con las mismas cifras, pero sí en términos de tendencia, “se refleja en número de tarjetas de crédito lo que vemos en monto total de crédito otorgado”, dijo de Jiménez.