Elevar en tres años la edad legal de jubilación, aumentar las tasas de cotización del 13 % al 15 % y mantener el parámetro del cálculo del monto de pensión son algunos de los puntos del Sistema de Pensiones que buscará reformar el Gobierno, después de un diagnóstico que preparó el gabinete económico por más de dos años y que el Gobierno mantuvo engavetado, sin interés de informar o divulgar.
Dicho documento al que tuvo acceso El Diario de Hoy, titulado “Sistema Previsional de El Salvador, Diagnóstico y Propuesta de Reforma”, será la base para preparar el anteproyecto de ley para encontrar una salida, vía reformas legislativas, a la deuda previsional, que se eleva $400 millones cada año y que ya llegó al umbral de $21,688.1 millones (herencia del sistema antiguo: ISSS e INPEP), complicando aún más el problema fiscal del país.
Sin embargo, más allá de la magnitud del problema, la propuesta solo buscará disminuir el déficit en 28.2 %, ya que la primera etapa se enfocará “en la corrección y refinamiento del modelo”, sobre todo porque hay una menor recaudación de pensiones en relación a los recursos necesarios para el pago de prestaciones y servicio de deuda, a cargo del Estado.
Estas fuertes medidas de ajuste, que a consideración del presidente Mauricio Funes se discutirán los próximos días para evitar una “distorsión política-electoral del debate”, plantean tres grandes escenarios como la posibilidad de retornar al sistema basado en reparto (público, antes de 1998), ajustar la capitalización individual (Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-) o implementar un sistema híbrido que combine los beneficios de los dos esquemas anteriores y sus parámetros.
Todo eso confirma lo que en reiteradas ocasiones el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, calificó como medidas “del desagrado de los trabajadores salvadoreños”, tales como la disminución de los beneficios para los actuales cotizantes, con especial énfasis en la edad de jubilación, que pasarán de los 55 a los 58 años en las mujeres y de 60 a 63 en los hombres, junto con la derogatoria de los beneficios vitalicios de 131 mil 211 ciudadanos consignados en los decretos legislativos 100 y 1,217.
Lo otro, que deteriorará más los intereses de los trabajadores, es el aumento progresivo de la tasa de cotización, bajo el argumento de que se deben de mejorar los dividendos de los afiliados al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) para promover una mayor sostenibilidad financiera, a pesar de que la tasa actual es de las más altas de la región (13 % las AFP y 14 % el público).
Así, se realizará un incremento gradual en un lapso de dos años, quedando, al final del cuarto semestre, tasas de 7.25 % por empleado y 7.75 % por empleador en el modelo de AFP y equilibradas al 7.50 % en el esquema público, certifica el estudio consultado.
“Si se aumenta significativamente la tasa se podría incentivar la evasión, disminuir los ingresos salariales de los afiliados y afectar la competitividad del país”, reconoce el estudio, en clara alusión al que pueden crecer las tasas de subempleo e informalidad.
Al relacionar todos los elementos se debe recordar que en los últimos 10 años las tasas de rendimiento real del fondo de pensiones se han ubicado por debajo del 6 %, detalle que se relaciona con los beneficios de la población que permaneció en el sistema público y de los optados a las AFP, que se traduce en 66 % del déficit, porque existe un alto grado de subsidio estatal dirigido a esta población.
La esencia en este punto pretende generar, dentro de las AFP, modificación en la coexistencia de contribución definida y sus beneficios, ya que de momento “se desvirtúa” el sistema de capitalización y provoca una falta de equidad, algo que también confirma que el ajuste quiere estrechar la relación entre las contribuciones y las pensiones de los afiliados, una clara transición a un esquema único de reparto.
Esto alteraría drásticamente la arquitectura del sistema de pensiones que impera en el país porque se pierde la totalidad de la propiedad de las cuentas individuales lo que podría “inducir problemas legales, eliminando el sistema de capitalización individual”, afirma el diagnóstico.
“Esto reduce el nivel de deuda del país y su correspondiente servicio. No obstante, los compromisos previsionales del Estado a futuro son contingentes, aunque a nivel mundial los sistemas basados en reparto han enfrentado problemas financieros, presionándolos a realizar varias reformas”, plantea el documento.
La otra posibilidad que se analiza es sobre los esquemas del reparto y la capitalización, un sistema que el documento llama como “multipilar” y que deja abierta la posibilidad de una gestión a través del sector público o privado, por lo que el aporte de las AFP pasaría a ser complementario y se financiaría con transferencias del siete puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del Estado.
A pesar de ello, también se pierde una parte de la propiedad de las cuentas de los trabajadores, reduciendo hasta en 65 % el fondo de las AFP, según recoge el estudio.
Pocos cambios en tasas
Un aspecto vital sobre la reforma, en la cual ha insistido a la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), es sobre la baja tasa que se paga por el 53 % del monto previsional en certificados de baja rentabilidad, factor que refleja el claro contraste entre la concentración de esta deuda pública para pagar jubilaciones y el débil espectro (sobre todo en el mercado de valores) para dinamizar el ahorro de la clase trabajadora.
Pero el análisis que realizó el Gobierno sobre esta situación no detalla que tipo de medidas se deberán tomar, solo coincide en lo que ha dicho la gremial en su propio estudio de pensiones, sobre todo en los puntos de la diversificación, bajo la modalidad de Fondos de Inversión y el cambio de la tasa de referencia del Libor a tasas de mercado.
Cambiar esto pasa por el hecho de comprender que cuando se estableció la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en 2006, la Libor era aproximadamente del 5 %, pero con la crisis cayó drásticamente, a tal punto de estar en negativo en 2008, sin posibilidad actual de una recuperación porque no está sujeta al control del gobierno. Esto no lo contempla la investigación, hecha de forma tripartita entre Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Banco Central de Reserva (BCR), entidad que también tiene archivado el proyecto de cambio del año base de las cuentas nacionales y que podría modificar el monto de deuda pública, más la tasa de crecimiento.
“Tenemos que recordar que el sistema actual se formuló deficitario. Se subestimaron los riesgos en función de los beneficios. Por ello es que cambiar el sistema no implica eliminar la deuda, pero puede asumirse con menor presión hacia el Estado”, reconoció hace varios días René Novellino, presidente de Asafondos.
Por otra parte, las alternativas de financiamiento del sistema, al día de hoy, generan gastos de presupuesto de $1,298 millones. Y si no se cambia de modelo estos se elevarán hasta en $4,640 millones a 2024, mientras que la deuda de los certificados alcanzará el 31 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 69 % del fondo de pensiones.
Mientras tanto todos estos aspectos estructurales también necesitarán medidas de control, sobre todo porque hay empleadores que no descuentan ni pagan las contribuciones, algo que es difícil de estimar porque e hay más personas afiliadas al sistema de Seguridad Social que al previsional. Son dificultades a asumir pronto para evitar más caos fiscal y previsional.