Al presidente de la República, Mauricio Funes, pareciera no importarle la petición del sector privado de sancionar el Decreto 616 que aclara que la suspensión del cobro de $18 por el servicio de inspecciones no intrusivas incluye a las importaciones, las exportaciones y tránsito de mercancías.
El decreto hace una interpretación auténtica del decreto 604, mediante el cual se suspendió el cobro de los $18 para las operaciones en tránsito terrestre internacional. El nuevo sistema aduanal inició el 6 de agosto pasado.
La suspensión del cobro, para 180 días, fue aprobado por los legisladores el pasado 16 de enero. Sin embargo, las gremiales del país solicitaron que se incluyera en la exención la carga con destino a territorio salvadoreño.
El mandatario, quien entre elecciones presidenciales y una demanda en Miami, EE. UU., ha tenido una agenda ocupada, aseguró ayer que el documento llegó a sus manos un día después que los legisladores le dieran el aval.
“Hasta ahora no he tenido la recomendación del equipo jurídico porque, además, contamos con suficientes días. El plazo para vetar, observar o sancionar se vence el jueves de la próxima semana”, expresó Funes.
Añadió que aún tenía lo que falta de la semana (próxima) para tomar una decisión que más convenga a los intereses de la población.
Insistió en que tiene que hacer un análisis de la conveniencia o no del pago para los transportistas locales y para los exportadores e importadores del país.
“Tenemos que ver si contamos con los recursos o no. Mire que las finanzas públicas comienzan a ser golpeadas”, declaró, refiriéndose a las alzas en los precios internacionales del gas propano.
Mientras el gobernante se toma su tiempo para decidir, los transportistas y empresarios siguen quejándose por las fallas en el sistema de inspecciones que ocurren en los puestos fronterizos del país que, según el Gobierno, modernizaría las aduanas y favorecería el comercio.
La semana pasada, una empresa internacional envió un camión con carga con destino a territorio salvadoreño, pero éste se quedó varado durante dos días en las fronteras porque en la aduana no había sistema. Esa falla duró 48 horas.
“Nos informaron que eso es completamente normal y que ocurre frecuentemente en ese refugio, en donde abundan haraganes y…”, comentó una vocero de la empresa, en tono molesto.
El vocero de esa corporación se pregunta ¿cómo es posible que una institución que procesa información, usualmente no tenga sistema”. ¿Quién es el responsable de semejante negligencia?”.
Esa empresa también denunció la falta de capacidad técnica que tienen los empleados de aduanas, “muchos de los cuáles ni cobrar un impuesto pueden”.
“Les pagamos para que no hagan nada, les pagamos para que bloqueen el comercio y produzcan pobreza y miseria”, opinó el vocero, quien optó por el anonimato.
Similar situación se vivió el martes de esta semana en el Puerto de Acajutla, en donde 50 furgones permanecieron detenidos a lo largo del día debido a que el sistema se había caído.
Raúl Alfaro, presidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Astic, confirmó que en algunos puestos fronterizos, como La Hachadura, aún se forman largas filas de furgones, debido a la lentitud en los cobros, las fallas del sistema informático y de los escáners.
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) confirmó que, desde el lunes de esta semana, el equipo de Rayos X ha tenido fallas y algunas empresas reportaron que había largas filas esperando la revisión y, en consecuencia, se había saturado la bodega de registro y el resto del proceso.
“La percepción de las empresas es que en el camino se pretende solventar los inconveniente, sin disponer de planes de contingencia”, aseveró Jorge Arriaza, director ejecutivo de la gremial de industriales.
Otra clara falla es la falta de coordinación entre las instituciones involucradas en las revisiones. Por ejemplo, en la terminal de carga del CEPA, en Aeropuerto Internacional, hay dificultades para trasladar las cargas con pesos mayores a los 100 kilogramos, hasta la máquina de rayos X.
Pese a todo, la gremial espera que el presidente Funes sancione cuanto antes el 616 y que, durante los 180 días, se corrijan los problemas que persisten en todo el proceso que implica el sistema de inspección no intrusiva.