El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se negó ayer a contestar de cuánto será el déficit fiscal que heredará el nuevo Gobierno al argumentar que si lo hacía, violaría la resolución de la Corte Suprema de Justicia que le prohíbe a los funcionarios públicos participar en política.
Según estimaciones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) el nuevo gobierno necesitará de al menos $1,700 millones para completar los gastos de este año.
Pero al cuestionarle a Cáceres sobre este número, el funcionario dijo que no emitiría ninguna opinión porque considera a Fusades un apéndice del partido ARENA.
“Yo en el caso de Fusades no puedo responder porque la Sala de lo Constitucional me ha prohibido como funcionario público que haga comentarios políticos y Fusades es el apéndice de ARENA. Así que si le contestara a Fusades le estuviera contestando a ARENA”, respondió en dos oportunidades.
Luego, al insistirle sobre cuál sería el déficit con base en los datos oficiales que maneja el Ministerio de Hacienda, Cáceres volvió a insistir en que no contestaría.
Más impuestos
Lo que sí dejó bien claro es que el cobro de los $18 de los que fue exonerado el transporte de carga será trasladado a los ciudadanos a través de más impuestos.
“Se les quitó los $18 a los grandes empresarios de este país y ahora lo va a tener que pagar el pueblo, todos ustedes lo van a tener que pagar a través de los impuestos”, dijo.
Según el funcionario, el Gobierno tendrá un desbalance de al menos $6 millones en los próximos meses, por lo que habrá que buscar un financiamiento extra para pagar a la empresa Cotecna, que ganó la concesión del servicio de rayos X en las aduanas sin ningún competidor.
El Gobierno invirtió $35 millones en este sistema de revisión de carga, pero desde su implementación el mecanismo ha sido tan atropellado que hasta Guatemala está considerando denunciar a El Salvador por esta medida que impuso una tasa a empresas internacionales. El sistema electrónico de pago no funciona al 100% y son los transportistas de carga quienes han asumido el costo.
Tras esa confusión la Asamblea Legislativa hizo una interpretación que luego fue vetada por el presidente de la República, Mauricio Funes. Cáceres dijo ayer que sugerirá al presidente Funes que vete de nuevo el decreto para que les permita seguir cobrando la tasa por el servicio de inspección.
De lo contrario advirtió que se tendría que sacrificar el financiamiento de algunos programas sociales.