El gabinete económico realizará un cambio drástico al sistema con el cual se calculan los indicadores y las cifras de las cuentas nacionales (que sirven para medir el PIB, la deuda y el déficit comercial, entre otros). Se busca dejar de usar como año base 1992 en las cuentas nacionales y tomar como nuevo año base 2005.
Pese a que los estudios, las encuestas y los sistemas para hacer la transición vienen desde 2009, el gabinete mantiene postergada dicha decisión porque impactará drásticamente en indicadores como la deuda pública que subiría del 60 % (actual) hasta el 75.9 %, sin incluir la mora previsional. Asimismo el saldo del Producto Interno Bruto (PIB), se reduciría entre el 14 y el 20 %, según estimaciones iniciales.
Dicho cambio, además de su costo político, conlleva fijar un nuevo punto en el tiempo que permita comparar el PIB para eliminar la distorsión que causan las variaciones inflacionarias en los precios, tanto a nivel de producción como comercialización.
También implica transparentar la realidad fiscal y tributaria del país, porque el PIB bajaría a $19,905.4 millones, en el más drástico de los escenarios. Asimismo aumentaría la deuda con Letras del Tesoro (Letes) del 2.5 % al 3.2 % y el déficit fiscal caería al 4.4 %, tomando como referencia una caída del 20 % del PIB.
Sin embargo, la carga tributaria bruta y el monto con el que cuenta el ejecutivo para sus gastos e inversiones, subirá hasta en un 19.8 % del PIB, partiendo del mismo patrón.
Así, la presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), Marta Evelyn de Rivera, confirmó que la institución alista los últimos detalles del proceso, pero que esperarán hasta finales de mayo para “dejar” el ajuste a la próxima administración gubernamental porque hace falta “calibrar” varias cuentas nacionales.
“Todas las cifras cambiarán. Es un proyecto que busca actualizar los montos de producción de bienes y servicios y sus respectivos factores. Obviamente elevará l adeuda externa y cambiará el déficit fiscal”, dijo la funcionaria, sin entrar en mayores detalles.
El nuevo sistema utilizará un estándar global de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), conocido como Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 93, lo cual, según documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), mostrará las discrepancias entre la balanza de pagos vigente del país y su respectiva relación con las finanzas públicas, es decir, pondrá en evidencia el estado real de las arcas públicas en proporción directa con la producción de El Salvador.
Carlos Acevedo, expresidente del BCR entre 2009 y 2013, confirmó que cuando dejó la institución ya se tenía la columna vertebral de la modificación y recordó que hay resultados preliminares hasta 2006, que demuestran que la caída del PIB puede variar significativamente, a la espera de la serie 2005-2013 para tener más certeza al respecto. “Con base en los primeros resultados, se identificó una caída de aproximadamente 20 % del PIB nominal del nuevo año base 2005, con respecto a lo que es todavía el dato oficial del PIB nominal de 2005, aunque hay refinamientos posteriores que el BCR ha hecho y que implica una caída menor del 15 %”, afirmó Acevedo.
Hay que resaltar que con esta nueva medición, El Salvador, que actualmente es el tercer país con mayor ingreso por habitante de Centroamérica ($4,034), pasaría al cuarto lugar después de Costa Rica ($9,619), Panamá ($9,527) y Guatemala ($3,330); solo superado por Honduras ($2,217) y Nicaragua ($1,313).
Según el economista Claudio de Rosa, esto implica que el país pasaría de renta “media alta” a renta “media” porque El Salvador es mucho más pobre de lo que parece, ya que está más endeudado y paga más impuestos como proporción de lo que produce, casi un 19.8 % más de tributos con base en una caída del 20 % del PIB.
“Entre 1992 y 2005 cambió la forma de producción y las necesidades de insumos. Además, el Censo de Población y Vivienda de 2007 reveló que teníamos 5.74 millones de habitantes, lejos de los 7.0 millones que se estimaban, por lo que el consumo es también alrededor de 18 % menor. Son factores importantes que este gobierno no quiso asumir para reajustar las cuentas”, dijo.
En contraste, Acevedo es de la posición que el PIB no es un indicador del ingreso agregado del país porque una buena parte de su economía se sustenta en las remesas (se recibieron $3,969.1 millones a diciembre de 2013), por lo que ve más adecuado usar el Ingreso Nacional, que sí incluye este flujo económico. “Esta es una adaptación metodológica válida porque no genera mayor cambio en los valores de cocientes como deuda y carga tributaria y compensa la baja del PIB con el ajuste del SCN93”, sugirió el economista.
Pero De Rosa indicó que el problema al respecto es que las remesas no pagan ninguna tasa impositiva, por lo que no es adecuado “excluir” este monto de las cuentas nacionales, sobre todo porque sustentan el consumo, uno de los motores de la economía.
Al cuestionar al Secretario Técnico, Alexander Segovia, sobre el tema declinó opinar al respecto y se limitó a decir que presentarán un anteproyecto de ley para crear un Instituto de Estadísticas Nacionales, un tema que se viene anunciando desde el gobierno anterior.
De Rosa cree que esto es innecesario, ya que es obligación del BCR y de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) sistematizar y optimizar esta información. “Da la impresión que por manejo político y no económico se engavetó el tema. Se está midiendo mal el tamaño de la economía y eso puede pasarle la factura al país a mediano o largo plazo”, dijo.
Hay que recordar que el plan para ajustar el PIB comenzó en 2004, cuando se iniciaron las primeras acciones para cambiar la base 1992 por la de 2005. Mientras el ajuste se desarrolla las fuentes confirman que la tasa de crecimiento de 1.9 % del PIB “difícilmente cambiará”, por lo que en este aspecto son necesarias otras políticas, incluyendo austeridad, mayor inversión pública y privada y sostenibilidad fiscal.