El precio de la energía que paga la industria salvadoreña es la tercera más cara de la región, según datos del Foro Económico Mundial (FEM) y fuentes oficiales de cada país.
El organismo señala, en su reporte 2014, que la industria de El Salvador paga $0.16 el kilovatio/hora, mientras que Guatemala paga $0.25 (según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica) y Nicaragua, paga $0.19 kw/h.
Los países con una menor tarifa son Honduras, que según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) paga $0.15; y Costa Rica, que tiene un costo de $0.11 el kw/h, de acuerdo con el FEM.
La cifra actualizada a 2013, es aún menor si se toman en cuenta los datos oficiales de las tarifas eléctricas publicadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), que indican que a partir del 15 de enero de este año, las grandes demandas (que consumen más de 50 kwh) tiene un costo de entre $0.18 y $0.20, dependiendo de la compañía distribuidora.
Cabe señalar que ese precio no incluye los recargos por distribución y comercialización, que rondan entre los $12 y $36 por kilovatio al mes.
La tarifa real para el sector residencial, también tiene costos similares, pues el cargo de energía ronda entre los $0.18 y los $0.20 para quienes consumen entre 99 kmh/mes a 199 kwh/mes.
Este grupo de consumidores no ve reflejado este cobro en sus facturas, pues se le otorga un subsidio mensual, pagado con los mismos impuestos de los ciudadanos.
Sin embargo, el presidente de la República, Mauricio Funes, negó en su programa radial sabatino que El Salvador tuviera los precios más altos en energía y, por el contrario, aseguró que en su administración se creó el Consejo Nacional de Energía, que ha impulsado una política energética que promueve la generación con recursos renovables.
Pero la industria asegura que si bien es cierto, en el área residencial hay muchos beneficios, no ocurre lo mismo cuando se trata de este sector, que aporta el 23 % del Producto Interno Bruto al país.
A pesar de que la industria consume el 40 % de toda la energía que se produce en el país, no puede más que depender de las políticas comerciales de energía que estipula el Gobierno y en la que, hasta hoy no hay incentivo alguno.
Aunque el sector han insistido al Gobierno que mejore las condiciones de su política comercial, el Gobiernos solo tiene contratado un 70 % de esta energía a largo plazo.
Los precios contratados promedian los $170 por megavatio (MW) lo que permite mantener un precio estable en el tiempo.
Sin embargo, aún se comercializa el 30 % de la energía a través del mercado de oportunidades, también conocido como “spot”, en el que las generadoras establecen precios de hasta $200 el megavatio que, al promediarlo con el precio contratado, aumenta el valor total y, por ende, incide en la tarifa final.
También reclaman que el Gobierno no ha promovido una política de ahorro que incluya a todos los consumidores, para que la demanda baje y sus costos disminuyan.
Rigoberto Monge, economista y asesor de la Asociación Salvadoreña de Industriales, asegura que este precio afecta sobremanera la competitividad de la industria, que debe luchar contra otras industrias en las que la energía no representa un costo millonario para el sector.
El Foro Económico Mundial pone ejemplos claros en los que la industria de países como Paraguay o Perú solo pagan $0.05 y $0.08 por el kilovatio de energía, una ventaja considerable para su producción.
El Ejecutivo, por su parte, trabaja en aumentar la generación de energía a través de fuentes renovables, como la eólica o la hídrica y, a la vez, está contratando energía a largo plazo.
El más reciente y significativo contrato lo hizo el asocio Quantum-GLU, quien a través de un proceso de licitación, generará 338.4 MW a un precio de $119.99/MWh con base en gas natural para comenzar el suministro a partir de 2008 y mantenerlo durante 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos, ese 30 % comercializado a través del mercado spot no ha bajado en los últimos años a pesar de las inversiones que se han realizado.
Según el diputado Edwin Zamora, del partido ARENA, esta política de comercialización de la energía está obligando a los consumidores a pagar un 25 % más en su factura, cuando bien podría contratarse el 100 % de ésta para transparentar los precios y reducirlos al consumidor.