La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 79 votos, exonerar del pago de $18 a los transportistas de carga, tanto a los de tránsito, importación como exportación, por la inspección “no intrusiva” que el gobierno, recientemente, implementó en las fronteras.
La medida es un decreto legislativo transitorio que durará seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial, y busca evitar que los transportistas de carga realicen más protestas por el cobro, como lo hicieron en enero de este año con paros prolongados del sector de carga que provocó millonarias pérdidas al país. Los exportadores argumentaron que perdieron $50 millones en enero debido a los contratiempos, especialmente por algunos productos perecederos que se arruinaron dentro de los camiones. El paro fue protagonizado por los transportistas debido al cobro aduanal de 18 dólares.
En su momento, Raúl Alfaro, presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), dijo que mientras no se exonerara al sector de dicho impuesto, la medida se tornaría indefinida.
Alfaro aseguró que la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) considera que la tasa viola los convenios internacionales que ha suscrito El Salvador. A la preocupación se sumó la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y República Dominicana (Fecamco), a través de un comunicado oficial en el que calificó que el cobro de $18 por la inspección intrusiva en El Salvador era un “obstáculo grave para el comercio”.
Ante los problemas generados en las fronteras y el encarecimiento de los productos de la canasta básica que afectó a la mayoría de los salvadoreños, los diputados tuvieron que redactar un nuevo dictamen para poder favorecer al sector de carga, pues hace dos semanas la Asamblea había enviado al Ejecutivo una “interpretación auténtica” de un dictamen aprobado anteriormente, con el mismo fin, pero este fue vetado por el Presidente Mauricio Funes.
Según Funes, los legisladores habían aplicado mal el término, por lo que procedió a vetarlo. De acuerdo a lo enviado por el Ejecutivo, el cobro tiene que realizarse, pues se trata de regular el “comercio exterior”, esto ante el dictamen legislativo que exoneraba del cobro a los transportistas de carga porque se les inspeccione la mercadería con rayos X.
Además, las autoridades de las Aduanas “entendieron” y aplicaron de forma diferente el primer dictamen del Congreso. Después de la orden legislativa dejaron de cobrar a la carga de tránsito, no así a los de importación y exportación, lo cual generó descontento entre el sector de los transportistas salvadoreños y de otros países que hacen negocios con esta nación.
A raíz de esto, fue que los diputados aprobaron una “interpretación auténtica” de lo que habían avalado, pero Funes lo rechazó por considerarlo “inconstitucional”.
El FMLN, el partido que más se opuso a no cobrar los $18 en las Aduanas, terminó ayer dando sus votos a la aprobación de la reforma a la Ley de Simplificación Aduanera.
Argumentos
De acuerdo a la diputada Lorena Peña, del FMLN, lo que se hizo no fue superar el veto de Funes, sino hacer un nuevo dictamen para eliminar únicamente el cobro por la inspección que realiza la Aduana en el sector de carga.
La reforma aprobada ayer, según el dictamen legislativo, reza de la siguiente forma: “Art. 1. No obstante, lo establecido en el Art. 12-B de la Ley de Simplificación Aduanera, suspéndase por el periodo de seis meses contados a partir de la vigencia de este decreto, la tasa a que dicha disposición se refiere”.
La bancada legislativa de la oposición fue la que más promulgó que se eliminara el cobro por los servicios de rayos x en las fronteras, aduciendo que es un pago que el gobierno debe asumir por un servicio que es obligación del Estado brindar de acuerdo a los convenios internacionales de comercio y que no debería trasladarlo a los transportistas de carga.
Las revisiones a la carga es realizada por la empresa Cotecna-Smith, que ganó una licitación para diez años y por la que recibe el total de lo pagado por los transportistas, según lo admitió en su momento la directora de Aduanas.
Ayer, la diputada Carmen Elena de Escalón, de ARENA, expresó que a partir de la entrada en vigencia del dictamen, ningún transportista deberá pagar por la inspección intrusiva que se efectúa en las Aduanas.
Es más, los diputados de ARENA, en especial Roberto d’Aubuisson, han criticado en días anteriores que, con dicho cobro, lo que se pretende es beneficiar a la empresa que el gobierno contrató para que preste el servicio.
La “inspección no intrusiva” consiste en revisar la mercadería que llevan los transportistas de carga por medio de rayos X, esto con la finalidad, según lo ha manifestado anteriormente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y algunos diputados del FMLN, de evitar el contrabando de mercancías, que se cobre lo real por lo que se declara, así como prevenir el narcotráfico.
Gobiernos como el de Guatemala analizan, en estos días, interponer una denuncia internacional ante la medida adoptada por las autoridades salvadoreñas, por considerar que riñe contra los tratados comerciales y, en especial, porque contraviene el espíritu de la integración aduanera.