Debido a los problemas generados en las aduanas salvadoreñas, el ministro de Economía de Guatemala, Sergio de la Torre, informó ayer al periódico Prensa Libre de ese país que analizan la posibilidad de demandar a El Salvador ante un panel arbitral de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Lo anterior lo confirmó a El Diario de Hoy la viceministra de Comercio Exterior, María Luisa Flores, quien además destacó que esperarán hasta junio para que El Salvador resuelva el cobro de $18 por inspección no intrusiva con rayos X para luego ocupar canales formales para solventar dichas diferencias.
“Somos respetuosos de las leyes y los procedimientos de El Salvador pero la medida ha afectado significativamente tanto a los consumidores salvadoreños como a los guatemaltecos”, dijo Flores.
En este sentido, si a través de los mecanismos previos no se llega a un acuerdo, Guatemala acudirá a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) o incluso valora elevar su inconformidad ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, instancia donde ambos países podrían pasar hasta un año en discusiones sobre el cobro, explicó Flores.
“Vamos a ir al panel porque queremos que se respete el protocolo de integración económica. Es un problema de competencia a nivel regional que está generando malestar en nuestro país”, indicó De la Torre.
Esta posibilidad se presenta en un contexto donde está vigente un decreto legislativo que suspendió el cobro a mercadería en tránsito por 180 días, pero no así a las importaciones o exportaciones guatemaltecas y salvadoreñas porque el presidente de la República, Mauricio Funes, vetó la semana pasada una “interpretación auténtica” al decreto 616.
Por ello De la Torre no descartó que otros países de la región apoyen la medida, ya que afecta las relaciones comerciales del país con todo el Istmo, como ya lo indicó el Sieca en enero cuando manifestó en un comunicado que el cobro viola los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana.
“Esta tasa impone barreras al comercio, al someter todos los cargamentos a revisión y generar tiempos de espera excesivos en todas las aduanas terrestres, marítimas y aéreas”, detalló el organismo.
Cabe destacar que el pago de $18, aunque debe de hacerlo el importador o el exportador, en muchos casos lo efectúa el transportista, sobre todo por las fallas en los sistemas informáticos de aduanas o en el Centro de Exportaciones e Importaciones (CIEX).
Tanto Flores como de la Torre coincidieron en que comparten el pronunciamiento del Sieca y que con base a ese análisis legal estarían invocando a la solución de la controversia.
El análisis del gobierno de Guatemala sobre a cual instancia acudirán dependerá de los tiempos del proceso, el cual es de un año ante la OMC y cuenta con un mayor grado de certeza en su resolución, a juicio de Flores.
“El panel ordenará a El Salvador que elimine la medida y luego le da un plazo máximo de seis meses para que proceda al respecto. Pero antes de llegar a esto hay soluciones entre ambas naciones”, justificó la vicetitular de Economía, quien no detalló a cuanto ascendieron las pérdidas para los guatemaltecos durante el cierre de la frontera La Hachadura (Ahuachapán) y San Cristóbal (Santa Ana) de enero pasado.
Sieca dijo en su momento que las aduanas tienen permitido diseñar métodos para la inspección de mercancías pero las verificaciones deben estar basadas en un método donde se analice el riesgo para evitar demora en la entrega de la mercadería detalle que, según la directora General de Aduanas de El Salvador, Deisy Reynosa, se realizó.
Héctor Fajardo, directivo de la Federación Centroamericana de Transportistas (Fecatrans), expuso la semana pasada que preparan una asamblea con las diferentes cámaras empresariales de comercio para definir las acciones que tomarán frente a esa decisión. “Se tenía la esperanza de que habría un cambio (con las reformas al decreto) pero aún no vemos una solución lo cual nos obliga a tomar otras medidas”, agregó Fajardo.
Por su parte Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic) descartó que en el corto plazo estén planificando un nuevo cierre fronterizo, aunque instó a que los diputados superen el veto de Funes a la “interpretación auténtica”.
“En el país no deberían de presentarse estas situaciones porque cada aduana debe de crear los controles pertinentes sin necesidad de cobrar. Es una situación de desigualdad regional”, subrayó.
Hay que recordar que el cierre de fronteras creó una situación de incertidumbre no solo para el comercio y la industria, sino que también frenó la libertad de desplazamiento entre el país y sus vecinos.
El Salvador es el principal socio comercial Guatemala y en 2013 le vendió mercancías por $1 mil 108 millones e importó por $820 millones, confirmaron las autoridades.