Ante las declaraciones del presidente Mauricio Funes, en una entrevista matutina, de “inclinarse por vetar” el decreto que aprobaron los diputados para suspender el cobro temporal de $18 en aduanas por 180 días, los empresarios del país esperan que el mandatario reflexione dicha medida.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) Luis Cardenal, reaccionó al respecto e indicó que espera que esta medida sea mejor analizada, ya que está causando “tremendos problemas y le está restando competitividad al país”.
El ejecutivo de Camarasal argumentó que este es un “cobro extra” que se está haciendo, cuando realmente le corresponde al Ministerio de Hacienda.
“En otros países, donde se hace esto, lo cubre el gobierno con los impuestos que se le paga para que haga bien su trabajo, es como que si el Ministerio de Salud, cuando tiene que ir a hacer una inspección en un restaurante para ver que las normas sanitarias se cumplan, cobrara por ir a hacer una inspección, sería absurdo”, comentó Cardenal.
Los empresarios señalan que el cobro le está restando competitividad al país, debido a que se está pagando un impuesto por cada póliza que introduzca un contenedor en las aduanas y, además, bajo un sistema de inspección que no funciona a la perfección.
El sistema de escáner en las aduanas, según los empresarios, continúa presentando inconvenientes para los transportistas de carga.
Al respecto, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic), Raúl Alfaro, detalló que en algunos casos, cuando el vehículo tiene selectividad en rojo, hay que pasarlo a revisión por el escáner y, aunque no presente inconvenientes, se debe llevar a Aduana San Bartolo para que le realicen otro registro.
“Entonces no se está ganando nada”, indicó Alfaro, señalando además que esto provoca pérdida de tiempo y dinero.
Pero el problema del pago no lo es todo. Para los empresarios, el sistema que se ha implementado en las aduanas del país tiene costos más allá de los monetarios, para ellos “se pierde tiempo de los transportistas, tiempo en llenar requisitos, en hacer todas las gestiones y, principalmente, las empresas se retrasan en la entrega de los productos”.
De no pagar los empresarios, lo pagaría el pueblo
El presidente Funes reiteró en la entrevista, lo que días antes mencionó el Ministro de Hacienda, que si el cobro de $18 en aduanas no lo pagaban las empresas, tenía que pagarlo el pueblo.
Declaraciones que también han sido rechazadas por los empresarios. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, pese a que se abstuvo de brindar declaraciones respecto al tema del veto al cobro, días antes señaló que las declaraciones emitidas por el encargado de Hacienda eran “inflamatorias”.
“En realidad le corresponde a la dirección de Aduanas hacer las inspecciones, ésta ya cobra y ya se le pagan los impuestos para que hagan el servicio, este es un cobro extraordinario que, además, es violatorio de los instrumentos de integración centroamericana”, declaró Simán.
El ejecutivo de la ASI argumentó, con su postura, que con este cobro está interfiriendo y obstaculizando el libre tránsito en Centroamérica con un sistema que no funciona.
Por motivos como este cobro indebido, según argumentan los empresarios, los indicadores económicos internacionales señalan la pérdida de competitividad del país, un clima difícil de negocios y esto, a su vez, va en detrimento de atraer nuevas inversiones y de que la economía del país crezca.