MADRID. La ruptura de las negociaciones para resolver la agria disputa por la ampliación del Canal de Panamá no sería definitiva, ya que el consorcio encabezado por la empresa española Sacyr y las autoridades del país centroamericano mantienen aún abiertas las vías de comunicación, dijeron el jueves dos fuentes.
“Hay una correspondencia abierta en la que las partes se están invitando a dialogar”, dijo una de las fuentes del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC). No obstante, añadió que aún era pronto para saber si estos contactos terminarían en una reanudación de las negociaciones.
Otra fuente conocedora de la situación dijo que los abogados de ambas partes siguen trabajando para resolver la disputa por los enormes sobrecostos que enfrenta la construcción del tercer juego de esclusas de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
El miércoles, el consorcio constructor GUPC y la Autoridad del Canal de se culparon mutuamente del fracaso en las conversaciones que mantenían desde principios de año, aunque ninguno de los dos quiso dar por imposible un complicado acuerdo.
El jefe de la ACP, Jorge Quijano, dijo que aún había una ventana abierta para llegar a un acuerdo, pero que ésta se iba cerrando “minuto a minuto”.
En un tono similar, el embajador de Panamá en España, Roberto Arango, consideró el jueves en declaraciones a Onda Cero que aunque las negociaciones están actualmente interrumpidas, todavía “no se ha puesto el punto final”, mientras que el consorcio manifiesta abiertamente voluntad negociadora.
El desacuerdo entre el grupo de Sacyr y Panamá es objeto de escrutinio internacional por las implicaciones económicas y comerciales del emblemático proyecto y ha reclamado la intermediación de los Gobiernos de España e Italia y hasta de la propia Comisión Europea.
En el caso español, podría tener incluso repercusiones para el contribuyente pues el Estado, a través de la aseguradora Cesce, avaló con unos 200 millones de dólares la oferta con la que Sacyr ganó el contrato en el 2009.
El propio ministro de Economía español, Luis de Guindos, dijo el miércoles que el Gobierno tratará de minimizar el impacto que los avales y contragarantías comprometidos en el proyecto pudieran tener en las cuentas públicas.
OBRAS CASI PARADAS
La ACP exigió el miércoles al consorcio la reanudación de las obras, actualmente bajo mínimos por la falta de liquidez del proyecto. La fuente próxima al consorcio dijo el jueves que muy pocos de los 10.000 trabajadores del proyecto están trabajando en el Canal este momento y cuya próxima nómina, como ha advertido el consorcio, está en el aire.
La financiación de 1.600 millones de dólares adicionales que el consorcio entiende son necesarios para concluir el tercer juego de esclusas del Canal llevó al GUPC a amenazar a las autoridades panameñas a principios de año con una paralización de las obras.
El acuerdo está principalmente atascado en unos anticipos de 785 millones de dólares concedidos por la ACP, que exige sean devueltos en los plazos acordados, mientras que el consorcio pide que su devolución sea aplazada mientras se resuelven los arbitrajes de las diferentes reclamaciones por sobrecostos.
Además de Sacyr, en el consorcio también participan la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA). El consorcio ganó en julio del 2009 el contrato con una oferta de 3.120 millones de dólares, por debajo de lo que se había fijado como referencia la ACP.
Tras el fuerte correctivo del miércoles, las acciones de Sacyr -de las más volátiles del Ibex este año debido a la disputa- repuntaban el jueves más del 2 por ciento.
“La situación ahora es muy confusa. Creemos que el resultado más racional es una solución negociada para continuar las obras, pero en este momento el resultado es muy incierto”, dijeron analistas de Espirito Santo Research.