A pesar de que en septiembre de 2012, cuando el problema de la roya iniciaba en el bosque cafetalero nacional, el Viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, afirmó que no se trataba de una situación extraordinaria y que era manejable, la producción de 2013 será la más baja de los últimos 75 años.
La solicitud de una solución por parte del Consejo Salvadoreño del Café (CSC) tuvo eco con la compra de fungicidas para la eliminación del hongo de la roya, pero según Mario Acosta, exdirigente de la Fundación para Investigaciones del Café (Procafé), estos se compraron con precios sobrevaluados.
El caficultor se basa en un documento presentado por el Consejo, en junio de 2013, ante los ministerios de Hacienda y Economía, en el que se muestra la investigación que realizó el mismo Consejo en la búsqueda de un proveedor del químico sulfato de cobre pentahidratado que sirve como fungicida para el combate del hongo de la roya.
El costo de dicho químico rondaba los $2.79 por kilogramo, pero en posterior reunión con el Consejo Directivo del Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café, que se encargaría de dar los fondos para la compra, el ministro de Agricultura, Pablo Ochoa, informó de la compra de otro químico denominado hidróxido de cobre, con valor de $7.9 por kilo.
La situación llamó la atención del CSC, ya que en otros países de la región han utilizado el químico propuesto por el Consejo del Café, para el combate de la roya.
De acuerdo con el exdirigente de Procafé, la falta de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) responde a intereses del gobierno por generar una crisis en el sector, que después sería solventada por alguna división de Alba Petróleos.
Acosta dice que, desde principios de 2010, el sector recibió con atrasos los fondos que Procafé desembolsa para el pago de técnicos, que provienen de los productores, pero que son manejados por instituciones de gobierno.
Luego, en 2012 con la presencia de la amenaza de la roya, el MAG menospreció los señalamientos de Procafé, según Acosta.
Para la época por la falta de recursos, Procafé ya había despedido unos 50 técnicos especializados en el rubro. “Eso de alguna manera generaba complicaciones operativas para Procafé”, dijo Acosta.
En 2009 se trasladaban $1.2 millones del CSC a Procafé, fondos provenientes de los productores y que son variables de acuerdo con la cantidad de la cosecha.
El caficultor además señala que otro de los obstáculos que enfrenta el sector son el limitado acceso al crédito.
Alba entregó $300 mil en concepto de préstamo
A raíz de la crisis que enfrenta el sector cafetalero, según Acosta, Procafé ha tenido que recurrir a aceptar financiamiento de $300 mil por parte de Alba.
Información confirmada por la Junta Directiva de Procafé, según el caficultor. “Es algo penoso para los directores, pero tuvieron que recurrir a eso porque no tenía para pagar al personal”, señaló.
Agregó que desde que el gobierno dejó de trasladarle a Procafé los fondos provenientes de los productores, aún deberían existir por lo menos $3.5 millones
Estos fondos no se han trasladado, según Acosta, y orilló al sector para que aceptara la ayuda crediticia de Alba.
El productor indicó que desconoce la garantía que Procafé ha entregado, pero le preocupa que incluso pueda generar embargos a Procafé. “Los propósitos del FMLN a través de Alba son nefastos, buscan apoderarse de la institucionalidad del país, pública, privada de las fuentes de producción”, afirmó Acosta.
La situación se agudiza con la sobreoferta en el mercado internacional con café proveniente de Brasil, que a partir de 2013 participó en la oferta de cafés lavados, que es el mercado en el que se ha posicionado El Salvador principalmente, y en el que compite con volúmenes mucho menores que Brasil. “El Salvador no ha podido oponerse a eso porque no tiene representación en la Organización Internacional del Café (OIC), porque está en mora”, apuntó.
Acosta añadió que el país tiene voz, pero no tiene voto dentro de la OIC, y la mora responde a la falta de pago desde hace dos años, por una cuota que debe pagar el gobierno.