El manejo actual de las finanzas públicas ha generado, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) un déficit fiscal de 3.4 % debido al alto nivel de endeudamiento del país, por lo que el gobierno que inicie su período en junio de 2014 no tendrá las condiciones macroeconómicas a su favor y se llegará a un punto de insosteniblidad y un desequilibrio de $880.7 millones a finales del otro año.
Lo paradójico es que el gobierno actual logró elevar la carga tributaria en 15.4 % con las reformas fiscales de 2009 y 2011, captó 36 % más de Impuesto sobre la Renta y elevó el gasto en $4,264 millones. Pero eso no se ha traducido en condiciones de bienestar en la población salvadoreña por la falta de una política de austeridad, el elevado desembolso para costear el ejercicio público y un crecimiento económico que no sobrepasará el 1.6 % en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año.
Bajo este contexto, el ente investigativo señaló que los aspectos de mayor sensibilidad que el nuevo gobierno deberá revisar en sus primeros cien días de gestión incluyen los subsidios (sobre todo gas propano y electricidad), la deuda previsional (que pasó de 5.1 % del Producto Interno Bruto – PIB – en 2009 al 9 % en 2012) y el aumento de las demandas sociales en salud, educación y seguridad.
Arnoldo Medina, economista del Icefi, indicó que con estos elementos macroeconómicos El Salvador es un “sujeto de riesgo”, es decir, no cuenta con un respaldo generalizado de los organismos internacionales para optar por préstamos de apoyo presupuestario debido a las baja calificación soberana (BB-, de Fitch Ratings) y al incumplimiento de operaciones contratadas en el marco del acuerdo precautorio (Stand By) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
También enfatizó en que las Letras del Tesoro Público (Letes) se encuentran en el umbral de la insostenibilidad — un acumulado de $800 millones — con lo que se pagará el próximo evento electoral, subsidios al gas y la electricidad, compras de medicamentos y las tareas de seguridad pública de la Fuerza Armada.
“Es muy probable que el Ejecutivo solicite a la Asamblea Legislativa la autorización de una nueva emisión de bonos a largo plazo destinados a amortizar los Letes con lo que la deuda de corto plazo quedará congelada”, indica el documento ‘Diagnóstico y Condicionantes para la transición política de 2014’ del Icefi.
Ante este escenario, el financiamiento de la brecha de liquidez de 2014 estaría asegurado pero, al mismo tiempo, el saldo de Letes al final de dicho ejercicio podría sobrepasar los $600 millones.
Claudio de Rosa, economista y ex director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña, explicó que tener una deuda que no corresponde con la realidad del país no es sostenible y se puede presentar una situación similar a la de Grecia donde se emitió gran cantidad de deuda pública para financiar el déficit público.
“El gobierno firmó un pacto de sostenibilidad fiscal y no cumplió la meta de reducir en un 2.7 % el déficit. La administración de (Mauricio) Funes es la que más se ha endeudado en al historia y está complicando los próximos períodos de gobierno”, valoró de Rosa.
Según cifras históricas del Banco Central de Reserva (BCR) al cierre del gobierno del ex presidente Antonio Saca, la deuda era de $10,380 millones, lo que contrasta con los $14,644 millones a finales de septiembre del presente año.
En relación con los Letes la costumbre, según Medina y de Rosa, es que cuando hay necesidades extrapresupuestarias el ejecutivo recurre a estos valores negociables. Pero esto, a juicio del Icefi, debe regularse, ya sea con un techo de la emisión o para cuestiones específicas.
“La prima de riesgo (bono soberano), exigida por los inversionistas, puede aumentar significativamente en nueva emisiones, a lo que se suma el muy probable incremento de las tasas de interés de referencia en el mercado financiero internacional. Eso eleva el déficit y la deuda respectiva”, destacó Icefi.
Blindaje social
El principal problema del déficit fiscal es que existe la posibilidad de que los programas de educación, salud y seguridad, entre otros dejen de implementarse o se limiten, con el respectivo desencadenante para la población beneficiada.
En este sentido antes de pensar en un marco legal que perpetúe los programas de bienestar social el gobierno debe de asegurar, desde la perspectiva de los economistas, recursos sostenibles y que no aumenten la deuda, contrario a lo que sucede en relación a la subvención al gas propano, que le cuesta al gobierno unos $131.4 millones anuales, tomando en cuenta el ajuste del Ministerio de Hacienda.
“En el país se deben de asegurar las políticas sociales saneando al mismo tiempo sus finanzas con un uso eficiente y racional de los ingresos y la minimización del gasto corriente. Lo de la ley es otro tema”, reflexionó de Rosa.
El otro aspecto fundamental es lo delicado de la arquitectura del modelo previsional, el cual presiona demasiado a las arcas del Estado por el modelo de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) bajo el estimado de que en 2024 se sobrepasará lo que se hubiese pagado sin la reforma, lo cual en 2007 ascendió a $ 27 millones y a $102.5 millones, en 2013.
“El problema del sistema previsional radica en que, en la medida que el servicio anual aumente, volverá a significar una presión creciente para la caja fiscal, anulando gradualmente los beneficios de la reforma de 2006”, analizó el director ejecutivo de Icefi, Jonathan Menkos, quien además consideró que el tema (y el del déficit) debe de comenzar a discutirse de forma “técnica y desideologizada” y para no provocar -según él- el fin de la dolarización en El Salvador, vigente desde 2001.
Las fuentes consultadas coincidieron en que más allá de un pacto fiscal se deben de cimentar las bases, desde junio de 2014, de un acuerdo nacional donde los tres poderes del Estado limiten el gasto corriente y se eleve la producción en todo sentido.