El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), Leopoldo Samour, no brindó explicaciones sobre los avances en los estudios que realiza la firma brasileña Intertechne para rediseñar y continuar la construcción del proyecto El Chaparral y el número de empresas que están participando en la precalificación de las compañías de ingeniería para terminar el proyecto.
Ayer, en la inauguración de unos albergues para personas damnificadas construidos por Cel en Jiquilisco, Usulután, Samour se limitó a confirmar que colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) ante un proceso de investigación que anunció el titular del ministerio público, Luis Martínez, por el pago de $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi.
“Se que te interesa mucho saber sobre El Chaparral; pero pronto daremos resultados sobre el rediseño y otras obras del proyecto”, justificó Samour.
El funcionario solo informó que el gerente del proyecto El Chaparral, Rodolfo Cáceres, ha sido confirmado por la junta directiva de Cel para que continúe detrás del proyecto, más allá de las irregularidades o deficiencias al respecto.
“Para tu información él sigue como responsable de la presa, no es cierto que lo hayamos destituido”, dijo, un nervioso Samour.
Cáceres dijo a El Diario de Hoy el 20 de agosto pasado que Astaldi está buscando de nuevo participar en la licitación de las empresas constructoras que continuarán con la presa, a pesar de que ya se retiró bajo un arreglo directo para evitar un arbitraje internacional, según el discurso que mantiene Samour y el presidente Mauricio Funes.
Sin embargo el titular de Cel desmintió a Cáceres al indicar que Astaldi “no está participando en la precalificación por impedimentos legales”.
“Ellos no pueden participar aunque todavía tengan activos en el lugar. Se dará información más adelante, en los próximos días”, fue la evasiva respuesta de Samour.
El proyecto El Chaparral lleva varios años de retrasos debido a problemas con el lugar de la construcción, la participación de firmas cuestionadas y los procesos de investigación, tanto en la Corte de Cuentas como en la FGR.