La aprobación apresurada de una ley casi sin consultas para instalar un sistema de escáneres por medio de rayos ‘X’ en todas las fronteras del país, ha supuesto un serio obstáculo para las relaciones idílicas entre el gobierno de Daniel Ortega y el sector privado nicaragüense.
También podría originar un proceso legal en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), porque la decisión amenaza con imponer nuevos cobros al transporte regional de mercancías que pasan por el país, incluyendo las salvadoreñas.
El mes de junio fue muy convulso para la clase política nicaragüense, cuando se supo que Ortega quería que la Asamblea Nacional le aprobara con apenas dos días de consulta, el acuerdo que había firmado con un chino desconocido que ha prometido construir un canal interoceánico al costo de $40,000 millones.
Mientras el país discutía los pros y los contras de esa propuesta, la bancada oficialista en la Asamblea aprovechaba para aprobar una ley muy importante que pasó desapercibida ante el riesgo y la oportunidad que significaba el canal interoceánico.
La “Ley de Concesión de los Servicios de Inspección no Intrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional”, o Ley 841, ofrece a una desconocida empresa (Alvimer de Nicaragua), subsidiaria a su vez de la desconocida Alvimer de Panamá, instalar un sistema de escáneres en 7 puertos aéreos, marítimos y terrestres de entrada al país, a un costo de $22.4 millones. A la fecha aun no comienza a instalarlos.
No hubo un proceso de licitación que le permitiera al Estado nicaragüense elegir la mejor opción técnica al mejor precio.
“Para construir un pozo de agua se sigue un proceso que dura un año. Se publica en los medios el inicio del trámite y la decisión final. En el caso de los escáneres se trataba de un negocio de más de $500 millones (a lo largo de varios años) y no se hizo licitación, ni siquiera una cotización para comparar condiciones”, reclamó el diputado opositor Enrique Sáenz.
Además de los aspectos legales, a los empresarios organizados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), les molesta la cantidad de dinero que tendrán que pagar a la desconocida empresa que recibió la concesión para operar los escáneres.
Grandes ganancias
“Instalar cada uno de esos siete sistemas de escaneo cuesta $3.2 millones, con lo que la inversión total a hacer será de $22.4 millones. Si se mantiene la decisión de recargar el 0.26 % de todas las importaciones y exportaciones del país, esa empresa ganará $18 millones al año, con lo que en solo 15 meses habrá recuperado su inversión”, calculó José Adán Aguerri, presidente del Cosep. “Y eso suponiendo que no crecen ni las importaciones ni exportaciones del país”, añadió el dirigente empresarial.
Aunque el 0.26 % que la ley manda cobrar por cada contenedor revisado parece una suma demasiado irrisoria como para que alguien reclame por ella, en realidad los empresarios están viendo el hecho que ese cobro suma $18 millones anuales, los que tendrán que pagar todos ellos de forma adicional a lo que ya pagan.
Basado en esos recursos, y en el hecho que los asesores legales del gremio aseguran que la ley de escáneres viola la Constitución, los empresarios interpusieron un Recurso de Inconstitucionalidad Parcial que fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones de Managua, argumentando que “no cabe ningún recurso en contra de leyes que estén en formación”.
Aguerri consideró la respuesta del Tribunal como “una aberración jurídica”, por cuanto no se trata de una “ley en formación”, sino una ley que ya fue discutida y aprobada por el Poder Legislativo, y promulgada y publicada por el Ejecutivo.
El siguiente paso (consultado con sus homólogos de la región centroamericana) podría ser la introducción de un recurso ante la CCJ, por considerar que la Ley 841 “atenta contra el derecho comunitario”, toda vez que también establece el cobro de esa tasa a los vehículos que van en tránsito al través del territorio nicaragüense.
Si esta ley hubiera estado vigente durante el año 2012, los empresarios y los consumidores salvadoreños habrían tenido que pagar $1.5 millones adicionales en impuestos a las autoridades aduaneras nicaragüenses, considerando que ese año, el intercambio comercial fue de $577.5 millones: $320.6 millones en exportaciones salvadoreñas hacia Nicaragua, y $256.9 millones en importaciones desde ese país.
Si esa ley no cambia, la suma será mayor en 2013, en la medida que crezca el comercio bilateral entre ambas naciones.