La Superintendencia de Competencia ya está analizando los alegatos de defensa que presentó el 19 de agosto la empresa Alba Petróleos, y que son parte del proceso de investigación que se sigue contra la compañía por supuestas prácticas anticompetitivas, según confirmó ayer el titular de esta institución, Francisco Díaz.
Cuando los directivos de la Superintendencia verifiquen que las pruebas de descargo cumplen con los requisitos legales y son claros comenzarán a correr otros 20 días en los que se analizará el contenido de las pruebas “de acuerdo a la sana crítica”, según establece el artículo 45 de la Ley.
Una vez se hayan discutido las pruebas se creará un expediente en el que el superintendente deberá incluir sus conclusiones. El documento final será entregado al Consejo Directivo, que por ley tiene un plazo máximo de un año para dar a conocer su resolución.
Díaz aseguró ayer que espera que la resolución de este caso se dé a conocer antes de que termine 2013.
Díaz aseguró que la próxima semana podrían comunicar algunos avances respecto a este procedimiento, aunque aclaró que no puede adelantar conclusiones, por respeto al proceso.
De concluirse que Alba Petróleos ha realizado prácticas anticompetitivas, la empresa se expone a una multa económica.
Reformas de por medio
Sin embargo, Alba Petróleos, así como el resto de empresas en el país, está amparada por un procedimiento legal que le permite recurrir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en caso de que fuera sancionada.
Si la Superintendencia impusiera una multa, Alba Petróleos puede recurrir a la Sala para defender la legalidad de la resolución e impugnarla para no pagar nada.
Eso mismo han hecho al menos 15 compañías que tienen un procedimiento pendiente con la Superintendencia porque recurrieron a la Corte.
Desde que inició sus gestiones en 2006 hasta mayo de este año, la Superintendencia de Competencia ha impuesto multas por un valor total de $8.5 millones, de los cuales los demandados han pagado $2.1 millones.
Francisco Díaz reconoció que este retraso se debe al derecho de defensa que muchas de estas compañías multadas han ejercido ante la Sala de lo Contencioso.
Por eso, el funcionario aseguró que entre las reformas a la Ley de Competencia que han planteado a los diputados en la Asamblea Legislativa figuran mecanismos que permitan un cobro más expedito de las multas en el caso que no hayan medidas cautelares o que no puedan inscribirse en el Registro de Comercio si tienen pendiente una investigación.
Las reformas están siendo analizadas por los diputados de la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa.
El superintendente ya les explicó en qué consisten las reformas, por lo que ha dejado en sus manos la decisión de que se aprueben cuanto antes la nueva normativa.
Alba Petróleos mantiene un proceso sancionatorio a raíz de una investigación previa que la Superintendencia realizó para determinar si ésta había hecho alguna concentración económica (fusión o compra) sin antes haber solicitado autorización a la Superintendencia.
La investigación previa inició luego que Alba Petróleos adquiera cinco nuevas estaciones de combustible, que a juicio de la Asociación Nacional de la Empresa Privada representan una competencia desleal para el resto de empresas de este rubro.
La ANEP ha presentado a la Superintendencia documentación que a su juicio comprueban la concentración económica que Alba Petróleos está haciendo en el país.
De hecho, no es el único rubro en el que la empresa privada considera que Alba Petróleos ha operado con ventaja, por lo que ha hecho públicas sus quejas hacia esta compañía, que fue creada con capital venezolano y con un porcentaje de dinero proveniente de 10 alcaldías del FMLN.