En la ruta hacia la concesión del Puerto de La Unión, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunció la creación de una comisión intergubernamental para coordinar los proyectos relacionados con la terminal marítima, que se encuentra terminada desde finales de 2008, pero opera a mínima capacidad.
Asimismo, confirmó que una empresa española está realizando estudios en el Golfo de Fonseca para establecer un transbordador (ferry) de carga y de pasajeros para conectar La Unión con Puerto Corinto, en Nicaragua.
El Gerente de Concesiones de CEPA, Carlos Federico Paredes, informó que la comisión quiere evitar que los proyectos de las diferentes carteras de Estado se realicen sin una visión integral de las necesidades del Puerto, por lo que se trabajará en diferentes temas como la unión aduanera y migratoria, las mejoras de carreteras y la integración económica con Honduras y Nicaragua.
“Queremos bajar costos logísticos con la eficiencia en diferentes áreas. Para ello debemos ponernos de acuerdo y definir una hoja de ruta donde todas (las instituciones públicas) participemos”, afirmó.
La comisión intergubernamental fue creada el pasado lunes y, entre los primeros temas discutió sobre una posible inversión de $180 millones con un préstamo del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) en carreteras en toda la zona costera y el departamento de La Unión.
Además, se le planteó al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la necesidad de otorgar garantía soberana para la inversión de $40 millones que prepara CEPA para poder adquirir remolcadores, grúas tipo pórtico y una dragadora que permitirá mantener a una profundidad mínima de 14 metros el canal de acceso a la terminal.
“Organizar una comisión de esta forma nos permitirá definir una logística más clara en el corto plazo. Por ejemplo, en la cuestión aduanera hay que definir flujos de carga y los respectivos movimientos migratorios cuando se concesione la terminal de pasajeros”, detalló Paredes.
En relación al ferry, el también asesor de la presidencia de CEPA confirmó que es una inversión “100 % privada” y que por lo tanto no hay posibilidad de establecer un Asocio Público-Privado para esta modalidad de transporte.
“Los españoles tienen los estudios y los recursos para el proyecto. Obviamente el gobierno otorgará los permisos de funcionamiento y definirá las tarifas respectivas”, sintetizó Paredes.
Hasta el momento, 25 navieras internacionales han retirado las bases de precalificación del Puerto, según CEPA. La mayoría son empresas de Brasil, Chile, Francia, Singapur, Japón y Estados Unidos.
El Puerto de La Unión costó $183 millones y fue financiado por la cooperación japonesa y el gobierno.