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Proyecto paralizado en la Asamblea

La estancada y ansiada ley pretende definir incentivos y establecer tiempos máximos en tres fases: evaluación preliminar, aprobación de permisos y recepción de obras y proyectos de construcción.

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Jun 20, 2013- 20:00

El tratar de reducir la burocracia para agilizar la construcción en el país es un tema que todos los políticos abordan, pero que aún sigue estancado en la Asamblea Legislativa.

Las diversas iniciativas a lo largo de la historia reciente no han encontrado el suficiente eco o terminaron engavetados y eso explica el porqué se demora hasta casi 900 días realizar trámites que según la nueva ley se podrían realizar en 180 días, o seis meses.

El más nuevo proyecto, de una serie, es el que se presentó a la Asamblea en el cuarto trimestre de 2012 y para esperanza de los constructores podría ser avalado próximamente.

A juzgar por lo dicho por el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Rigoberto Soto, la Ley de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción ha tomado en cuenta las observaciones que realizó Casalco y el Viceministerio de Vivienda.

“Tenemos un ambiente favorable para que el dictamen baje al pleno. La legislación es necesaria porque es importante disminuir la carga burocrática para que el sector (de la construcción) tenga mayor crecimiento, sobre todo en el tema de vivienda”, dice Soto.

Uno de los principales puntos del anteproyecto de ley es que también jerarquiza los trámites. Por ejemplo, la constructora deberá solicitar la factibilidad de agua potable y alcantarillado a Anda, instancia que deberá pronunciarse sobre los estudios, en un plazo de 20 días posteriores a la recepción de la referida solicitud. Caso contrario aplicará el “silencio positivo administrativo”.

En aquellos municipios que no cuenten con sus planes de ordenamiento y desarrollo local, todo particular o institución pública deberá solicitar ante la OIC la aprobación de permisos de construcción y parcelación al Viceministerio de Vivienda, así como las solicitudes de calificación de lugar, línea de construcción, aguas lluvias, revisión vial y zonificación, según el proyecto de ley.

“La ley busca que los procesos sean ‘más inteligentes’, menos engorrosos. No busca la arbitrariedad, pero tampoco los excesos que enmarañan todo”, sintetizó el presidente de Casalco Carlos Guerrero.

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