Por primera vez en la historia de El Salvador, el Estado no respaldó económicamente a una financiera estatal que está en aprietos económicos. Eso fue motivo suficiente para que Fitch Ratings decidiera reducir la calificación nacional al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), luego de que incumpliera el pago de 10.4 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), correspondiente al 16 de mayo 2013.
La calificadora de riesgo asumía que el Estado salvadoreño debería de tener la disposición de apoyar financieramente a sus instituciones, si fuera necesario, pero “eso es un supuesto de Fitch, aunque no hay una ley que lo establezca… Se asume que por ser el dueño de estas entidades tendría la disponibilidad de apoyarlas”, afirmó René Medrano, analista senior de Fitch El Salvador durante una conversación telefónica.
Por esa misma razón, la agencia calificadora decidió emprender la revisión de las calificaciones de otros cuatro entes: El Banco de Fomento Agropecuario (BFA), el Banco Hipotecario (BH), el Fondo Social para la Vivienda (FSV), y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
Las calificaciones de las cinco entidades se fundamentaban tanto en el soporte de pago del Estado, como en su propio perfil financiero.
Para Fitch, sin embargo, el soporte más fuerte es el del Estado, ese es el que sustenta las calificaciones, afirmó el analista.
“Pero, luego de que el Estado no ha intervenido a tiempo en el pago de las obligaciones de Fonavipo, nosotros como Fitch estamos valorando si el Estado tiene capacidad o disposición de apoyar a las otras cuatro entidades, en caso de que fuera necesario”, explicó Medrano.
El analista añadió que si bien no existe ninguna ley que obligue a hacerlo, el respaldo estatal siempre se había aplicado en El Salvador, y en la mayoría de países.
“En El Salvador, el Estado tenia un récord de apoyar financieramente a sus entidades… Aunque esta es la primera vez que una entidad financiera estatal incumple un pago, era de suponer el apoyo del Estado”, reiteró.
Medrano aseguró que los resultados de las revisiones a los otros cuatro bancos estarán listas en dos meses.
Las consecuencias
La moral de pago por la que El Salvador se caracterizaba ante los organismos financieros internacionales se ha roto y la consecuencia directa será el aumento de intereses a la hora de solicitar créditos internacionales, afirmaron analistas económicos consultados por El Diario de Hoy.
Después de la rebaja de calificación que se le hizo a Fonavipo, la institución verá complicada la obtención de recursos para futuros proyecto de vivienda popular, los costos serán mayores al igual que las exigencias, y lo mismo podría ocurrir para el resto de instituciones en remojo si la compañía calificadora decide también disminuir su nota, explicó el exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, quien además calificó de “absurdo” el caso.
Waldo Jiménez, director de asuntos económicos y sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), llevó más allá las consecuencias de la rebaja de calificación y reflexionó que las repercusiones finales las sufrirán los salvadoreños de menores ingresos, quienes tendrán menos viviendas a su disposición y menos fuentes de empleo en el sector de la construcción, uno de los que genera más trabajo y que lucha por sobreponerse de la crisis económica.
“El sector privado ha insistido en que el manejo de las cuentas fiscales y el manejo de cada una de las entidades financieras del Gobierno Central debe hacerse de manera responsable porque deteriorar una de ellas y deteriorar la situación fiscal del país se hace fácil, pero recuperar la credibilidad y la confianza de los agentes es muy difícil”, opinó Jiménez.
Para el director de asuntos económicos y sociales de la ANEP, con la decisión de Fitch de evaluar si disminuye la calificación de riesgo del BFA, del BH, FSV y Bandesal, se arriesga el financiamiento para iniciativas de otros sectores como la micro y pequeña empresa y el sector agrícola.
El elevado déficit fiscal vuelve todavía más difícil que el Estado pueda respaldar a sus instituciones tal y como lo espera la agencia calificadora y como había sido la costumbre, dijo Jiménez, para quien la rebaja también es consecuencia del desorden en las finanzas públicas.
Por otro lado, Luis Membreño, analista económico, criticó la tardanza de Hacienda para respaldar a Fonavipo a través de una ley de emisión de certificados de inversión y agregó que otra de las consecuencias si la calificadora procede a rebajar la nota del FSV, a una menor de “A”, será que las AFP ya no podrán invertir ni tener títulos de esa institución.
Sobre la falta de recursos a la que se enfrenta Fonavipo para hacerle frente a su compromiso con el BCIE, debido a la pobre venta de viviendas del proyecto “Casa para Todos”, tanto Hinds como Membreño opinaron que se debe hacer una investigación exhaustiva sobre cuáles han sido los precios a los cuales se compraron los terrenos donde se edificaron los proyectos habitaciones, a quiénes se les han comprado, entre otros elementos, para determinar si el valor al que se están tratando de vender las unidades habitacionales corresponde a los costos de construcción de los proyectos.
Para el economista Rigoberto Monge la incapacidad de Fonavipo era de esperarse, porque la institución “se embarcó en un programa muy grande, que es Casa para Todos, para lo cual tuvo que adquirir préstamos bastante fuertes sin tener la capacidad, porque la función de Fonavipo no es ejecutar proyectos de vivienda de interés social, sino popular”, concluyó.