El sistema de pensiones actual es insostenible financieramente, así como está diseñado, y necesita una profunda reforma, pero no para empeorarlo con ideas que no han funcionado en el pasado, sino para mejorarlo y generar una mayor pensión para los afiliados a las AFP.
Dos problemas son los que aquejan al sistema de pensiones: El primero es la deuda que ha acumulado el Gobierno con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ya que en el futuro tendrá que pagar los certificados de inversión que ha obligado a comprar a las Administradoras con recursos del Estado; y, segundo, debido a esa obligación los ahorros de los pensionados ganan bajísimas tasas de interés que no permitirán generar una mejor pensión a los trabajadores cuando estos se retiren de su vida laboral.
El Gobierno le debe a las Administradoras de los Fondos porque tiene la obligación de pagar mensualmente las pensiones de los jubilados del ISSS e INPEP, pero como no tiene recursos para pagarles ha tomado parte de los fondos que los cotizantes de las administradoras privadas están acumulando en sus cuentas de ahorro en las AFP.
Datos oficiales indican que hasta 2012, el Gobierno había emitido $2,258 millones en certificados de inversión como parte del fideicomiso formado para pagar las pensiones del antiguo régimen. Se calcula que anualmente el Estado desembolsa $432 millones en el pago de pensiones del ISSS e INPEP.
Pero como cada año se jubilan más personas del antiguo régimen, Hacienda debe “prestarle” más recursos a las AFP.
El problema es tan complejo, y acuciante, que en diciembre pasado tres de las Fundaciones más representativas del país se reunieron, a puerta cerrada, con representantes del sector y funcionarios de Gobierno para hacer un diagnóstico de la situación previsional y buscar pautas de solución, en la que se detallaron los principales desafíos y las consecuencias que pueden haber si el problema no se resuelve adecuadamente.
En ese ejercicio de análisis se concluyó que el tema de pensiones tiene solución, pero pasa por realizar una reforma en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones.
El director de macroeconomía de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Álvaro Trigueros, indicó que uno de los grandes problemas del sistema es que los ahorros privados no se están invirtiendo como se planeó cuando se hizo la reforma de pensiones. La idea era que “esos fondos financiaran no solo la pensión de los cotizantes, generando una tasa de interés atractiva, sino que se pensaba que financiaría proyectos productivos”, como la construcción de puertos, carreteras, edificios, etc., precisó.
Pero ante la falta de efectivo, el Gobierno creo el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en 2006, con el cual quedó establecido que el Ejecutivo emitiría Certificados de Inversión Previsional (CIP) hasta por el 30 % del total de los fondos de pensiones, y las AFP estaban obligadas a comprar esos títulos. (En 2012, la Asamblea Legislativa subió ese límite al 45 %).
Actualmente el fondo de pensiones que custodian las AFP asciende a más de $6,000 millones y las administradoras que deberían ver adonde invierten ese dineral para generar más ganancias, y por ende, mayores pensiones, han tenido que aceptar el decreto que les obliga a comprar CIP a la tasa internacional de referencia Libor + 0.75 %.
En octubre de 2006, la tasa Libor se cotizaba en alrededor del 5.5 % por lo cual al sumarle el 0.75 %, los fondos de pensiones ganaban 6.25 % de interés, nada mal para nuestros ahorros; pero cuando las tasas comenzaron a caer a raíz de la crisis financiera de 2009, la tasa Libor bajó a niveles cercanos al 0.5 %, con lo cual ahora esos ahorros ahora apenas ganan el 1.25 %, en promedio (a octubre de 2012).
Lo más trágico es que ya se tiene colocado el 57 % del fondo de pensiones en los certificados previsionales.
Trigueros sostiene que además de esa mínima rentabilidad, el esquema de pensiones tiene una baja tasa de ahorro, que sugiere subir al 20 %.