En los próximos 20 años el mundo tendrá que producir un 70 % más de alimentos, pues se estima que la población mundial alcanzará los 9 mil millones. Los gobiernos deben actuar desde ahora para garantizar el alimento del futuro.
En Centroamérica, el primer país que actuó fue Guatemala, cuando en 2005 aprobó una ley para garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes. Después siguieron el ejemplo Nicaragua y Honduras, en 2009 y 20011, respectivamente.
Estos países definitivamente aventajan a El Salvador, Costa Rica y Panamá, en donde existen iniciativas, pero que aún están en etapa de discusión, sin importar que muchos de sus ciudadanos son parte de los casi mil millones de personas que se van a dormir con hambre.
En el caso de nuestro país, existe un anteproyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria con enfoque de genero, el cual se encuentra ya en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa.
La propuesta viene a sumarse a otros 12 anteproyectos, presentados a iniciativa de organismos sociales, pero que durante más de una década han permanecido engavetados en la Asamblea, sin mayores avances.
Ana Iris Martínez, coordinadora de la campaña Crece de Oxfam El Salvador, considera que es importante que la Asamblea logre colocar en la palestra un tema tan importante para el desarrollo económico y social del país.
“Sobre todo porque somos una región altamente vulnerable… Esperamos que de aquí a unos seis meses ya podamos tener esta nueva ley”, afirmó Martínez, quien añadió que recién esta semana se ha iniciado una etapa de consulta para discutir la ley.
Sin embargo, la iniciativa aún no ha logrado sonar en la opinión pública, pese a ser un país altamente dependiente de la importación de granos básicos.
Según Oxfam -una confederación que trabaja en 92 países para construir un futuro libre de pobreza- El Salvador debe poner especial atención a la alta dependencia de la importación de granos básicos, lo cual refleja una situación de inseguridad alimentaria.
Los datos del organismo revelan que el país importa el 60 % de maíz blanco y sorgo, el 75 % de arroz y el 20 % de frijol.
En su opinión, además de la necesidad de contar con un marco legal, se requiere de la asignación de recursos financieros para la implementación de programas específicos.
Dentro de las iniciativas también se encuentra la reforma del artículo 69 de la Constitución de la República, para incorporar el Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA), que estipula que el Estado está obligado a elaborar una política y una ley nacional de seguridad alimentaria y nutricional. La reforma incluye el reconocimiento del derecho al agua y está a la espera de ratificación.
Muriel Saragoussi, coordinadora de la campaña Crece en Brasil, quien visitó El Salvador para compartir la experiencia de su país en cuanto a la seguridad alimentaria, dice que es muy importante que nuestra nación se preocupe desde ya por enfocar la alimentación como un derecho.
Brasil comenzó hace unos 10 años, y entre 2000 y 2007 el hambre en Brasil se redujo una tercera parte. “La consolidación de este derecho ayuda a cambiar el enfoque de como el Estado, junto a sus ministerios, trabaja por la alimentación adecuada”, expresó.
Asier Hernando Malax-Echeverría, coordinador de CRECE para América Latina y el Caribe, explicó que la campaña global sobre seguridad alimentaria trata de hacer conciencia sobre el tema, ya que se prevé que los precios internacionales de algunos alimentación básicos aumenten a más del doble en 2030, la mitad de ese incremento debido al cambio climático.
Para Oxfam el reto, no es sólo de Centroamérica, sino de todos los países del mundo, es cambiar el sistema alimentario, pero es una transformación que puede lograrse con la participación de todos: personas, organismos y gobiernos.