A tres décadas de la reforma agraria y tras el fracaso de 14 años de prórrogas y modificaciones al mecanismo de “pronto pago” de la deuda agraria y agropecuaria, una consultoría por $25,000 licitada recientemente por la Asamblea Legislativa pretende ser la solución “técnica” para el pago de más de $165 millones.
Desde 1998 hasta 2012, la solución que promovieron año con año los diputados fue el descuento del 90 % de la deuda a cambio del pago inmediato del 10 %. El decreto, conocido como 263, incluso contemplaba que aquellas cooperativas o prestatarios que no tuviesen liquidez para abonar el 10 % tendrían derecho a un préstamo a largo plazo con una tasa del 6 %; sin embargo, pocos agricultores se apegaron a esta y otras medidas, y a juicio de la presidente del Banco de Fomento Agropecuario, Nora de López, su prolongación únicamente ha contribuido a fortalecer la cultura de impago.
Al cierre de 2012, el saldo de capital de la deuda que los productores tenían con el BFA y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), que maneja diversos fideicomisos y fondos para el sector agropecuario, sumó $165 millones 840 mil.
A ese monto, sin embargo, habría que agregarle la cartera vencida y embargada que también poseen el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), el Banco Hipotecario, el Consejo Salvadoreño del Café y el sistema financiero privado.
En 2011, según datos publicados por exministro de Economía, Ricardo Esmahan, en este periódico, el total de la deuda agraria y agropecuaria ascendía a $375 millones, casi lo que costó el proyecto Fomilenio.
Respecto a las gestiones que el BFA ha hecho para que los clientes se respalden en el decreto 263 para cancelar su deuda, de López enfatizó “esa gestión no ha tenido resultado, porque las constantes prórrogas de la ley han creado expectativa en los deudores de lograr mejores beneficios” como la condonación y un mayor porcentaje de descuento.
El caso más emblemático de la falta de aprovechamiento de los mecanismos de pago fue el del Plan Cerealero. Con apenas $1.25, el BFA daba por cancelados créditos de hasta $200 que se entregaron en 2005; pero de los 30,799 casos en mora, solo el 12 % aprovechó el mecanismo y el banco recuperó apenas $418,000 de los más de $3 millones invertidos. “¿Usted cree que vale pena seguir prorrogando eso? Esa es la pregunta que yo le hice a los diputados cuando fui a la Comisión Agrícola”, aseguró la funcionaria.
El diputado de ARENA, Mario Marroquín, y miembro de la comisión en mención consideró que la falta de promoción de los programas de pronto pago es lo que realmente ha provocado que los agricultores no los aprovechen.
El legislador descartó una condonación, debido a que la Constitución de la República lo prohibe, dijo, y explicó que con la contratación de una empresa consultora esperan obtener un “estudio profundo, de análisis, a través de un organismo completamente neutral y que nos permita tomar decisiones”.
En cuatro meses, Marroquín calculó que tendrán en sus manos el diagnóstico, es decir, en junio, justo cuando se vence la 14° prórroga del decreto 243 aprobada el año pasado.
Para la presidente del BFA, no hay duda de que las facilidades se han extendido por muchos años, por lo que consideró que lo más adecuado después de junio es que cada deudor negocie con el banco las formas de pago más convenientes.
Marroquín, por el otro lado, habló de esperar el estudio, pero también de “ampliar los plazos, exonerar con algún porcentaje el capital a pagar…”.
Aunque de López y Marroquín mencionan que se pueden hacer planes flexibles para cada tipo de cliente, el presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (Confras), Abel Nahím Lara Ruiz, argumentó que no basta con esa solución, porque buena parte de las 132 cooperativas que se apegaron al 263 no alcanzan ni siquiera a cubrir un préstamo con una tasa del 6 % para pagar la deuda, debido a que siguen desarrollando siembra de subsistencia, y cuando logran producción para colocar en plaza, los precios son tan bajos que no compensan los gastos.
La peor parte se la llevan los productores de granos, aseguró Lara, por lo que añadió que impulsar leyes como la de Seguridad Alimentaria, incrementar la asesoría técnica y agilizar la legalización de tierras los ayudaría a mejorar su productividad y a cumplir con las cuotas para el pago de la deuda.
Cafetaleros, endeudados
El sector del “grano de oro”, a través del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Parque Cafetalero (Ficafé), es el que posee la mayor parte de la deuda agropecuaria. Según datos de Bandesal, los compromisos pendientes superan los $106 millones.
Al respecto, Marroquín aseguró que los cafetaleros han sido productores golpeados por los fenómenos naturales, las plagas y la caída de los precios, lo que les ha impedido a muchos cancelar sus deudas.
La segunda mayor porción de la deuda se concentra en el Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario (Fideagro), manejado por el BFA, y que suma $58.9 millones. En cuatro años el saldo de capital únicamente disminuyó $16 millones.
A Fideagro le siguen los $2.9 millones pendientes de pago del Fideicomiso Especial para Financiar el Pago de la Deuda Agraria (Fepada), del Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial (Proder), entre otros fondos.
Otro de los problemas que López resalta de las constantes prórrogas es que se ha permitido que la deuda se concentre en pocas manos. En 2010, por ejemplo, de los $42.6 millones de la cartera de Fideagro en cobro judicial, 55 clientes con créditos arriba de los $500,000 tenían una deuda de $26 millones, y, paradójicamente, el grueso de los prestatarios debe menos y son quienes han hecho más esfuerzos por pagar.