El abogado Francisco Bertrand Galindo explicó que cualquier medida a la que Cel-Ine recurra a partir de hoy será una acción dilatoria que ya no está justificada legalmente y advirtió que seguirá generado costos a la empresa salvadoreña.
“Hasta antes de este fallo, de alguna manera se podía argumentar que estaban haciendo uso de un ejercicio procesal legítimo, pero a partir de ahora ya no hay base para hablar de un interés legítimo. Ya cualquier mecanismo que se use es claramente una acción maliciosa”, explicó.
El abogado agregó que lo más delicado de este tema es que ahora comienzan a correr intereses sobre los costos que se han generado por el litigio y que éstos, al final tendrán que ser liquidados por la empresa perdedora, es decir, Cel-Ine. “Los intereses están corriendo”, advirtió.
Según Bertrand Galindo, a partir de este fallo ya no hay otro recurso al que la empresa salvadoreña pueda recurrir, si se niega a cumplirlo.
No puede ni siquiera llevarlo a instancias gubernamentales, aunque quisiera, porque según Bertrand Galindo, este es un caso estrictamente mercantil, en el que están involucradas sociedades anónimas que nada tienen que ver con las decisiones del Estado.
A la italiana Enel le queda nada más iniciar todo el procedimiento para que la empresa salvadoreña le cumpla.
Bertrand Galindo explicó que si se hace un cumplimiento forzoso del fallo será cuestión de meses (dependiendo de la velocidad de los tribunales) para que Cel pague a la firma italiana.
El caso tendría que llegar a la Corte Suprema de Justicia para validar el fallo internacional y luego, designar a un juez de lo civil para que lo ejecute.