El proyecto de ley con el que se autorizaría la venta de 64 manzanas de terreno en el cantón El Icacal, de La Unión, excluye a las pequeñas y medianas empresas, y prácticamente está diseñado para un solo ganador.
Entre los requisitos que el Ministerio de Turismo exige al comprador está que la empresa hotelera tenga más de diez años de experiencia en el segmento del turismo de playa, que maneje un mínimo de 1,500 habitaciones de hotel, que el proyecto que desarrolle cuente inicialmente con un mínimo de 250 habitaciones hoteleras, que tenga experiencia en por lo menos cuatro países latinoamericanos y que se comprometa a iniciarlo en un plazo mínimo de cuatro meses posteriores a la firma del contrato.
Los pequeños y medianos empresarios turísticos, que siempre esperaron una oportunidad como esta para desarrollar sus negocios, no entienden por qué el Gobierno, que siempre se ha jactado de apoyar a las pequeñas empresas, está enfrascado ahora en vender el terreno a un solo inversionista.
Representantes de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur) señalaron el martes pasado que dejar el terreno en manos de un solo comprador limitaría las posibilidades de inversión.
En cambio, si el terreno se vendiera o se diera en comodato a varios inversores, no solo se construiría un hotel, sino seis, siete u ocho más, además de bares, restaurantes y otro tipo de negocios que dinamizarían la economía de la zona y daría empleo a miles de personas.
Los empresarios locales piensan en un proyecto integral, en un polo integrado en el que se pueda crear una oferta turística que incorpore pequeños, medianos y grandes negocios. “Se pueden desarrollar empresas, tanto de alojamiento como de restauración y actividades de recreación como bares y discotecas. Y se pueden desarrollar centros comerciales, tiendas de artesanías que generen un derrame económico en la zona”, explicó la gremial de empresarios turísticos.
Pero el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, declaró ayer, a través de una llamada telefónica desde Madrid, España, que no es conveniente vender el terreno en porciones porque “tiene una distribución poco apropiada”.
Según el funcionario, hay unas 50 manzanas que están desvinculadas de la playa, por lo que la venta sería más fácil si se vendiera a un solo comprador.
Además, el funcionario dijo que no sabe de propuestas de otros empresarios y que ellos, seguramente, no saben cuáles son las condiciones del terreno. “No pueden sacarse las ideas de la manga”, aseguró.
Pero el Gobierno tampoco tiene claro a quién le vendería el terreno. Al menos eso es lo que dijo ayer Duarte, pues, según él, todavía está buscando a inversionistas de la talla de las cadenas españolas Meliá y Barceló, que podrían ser algunos de los desarrolladores de este terreno.
En el país ha sido el Grupo Royal Decameron el que ha mostrado su interés por invertir unos $12 millones en esa playa, aunque no específicamente en el terreno que pretende vender el gobierno.
Las tierras, que han estado olvidadas desde 1974, son ahora un gran atractivo turístico para el Gobierno, quien piensa en esta zona como un punto de partida para desarrollar el turismo en la zona costera del país.
Para el presidente de Casatur, Roberto Calderón, lo ideal sería que el Ejecutivo pensara en un programa integral que incluya a varios actores en el terreno.
Pero si el inmueble se entrega a una sola empresa, seguramente no se aprovecharía la totalidad del terreno.
El vicepresidente de esa gremial de empresarios, Rafael Leret, explicó que hay grandes hoteles de playa que solo usan entre ocho o diez manzanas de terreno para construir el hotel. “La tierra se desaprovecharía”, sostuvo.
Su precio de venta aún es una incógnita. Duarte aseguró que éste tendría que ser determinado por un valúo realizado por el Ministerio de Hacienda.
Apoyo legislativo
En la Asamblea Legislativa, el tema aún no convence, ni siquiera a los diputados del FMLN.
El diputado Yohalmo Cabrera dijo que, a pesar de que el ministro de Turismo ya llegó a la comisión a explicar el proyecto, aún están pendiente muchos datos sobre el procedimiento de venta.
La diputada Jaqueline Rivera, del mismo partido, también dijo el martes que tienen que ver, incluso, si el proyecto es “legal y viable”, pues por tratarse de terrenos gubernamentales, es necesario saber cómo y bajo qué condiciones se venderán o darán en comodato.
“Hay varias observaciones al tema. Yo, en particular, hice observaciones en el tema de los permisos medioambientales”, aseguró Cabrera.
Los diputados de ARENA también quieren saber el precio al cual se vendería el terreno y quiénes serían los potenciales compradores.
Además, quieren recibir a otros empresarios, como los de Casatur e incluso a los pobladores de la zona, que serían los potenciales beneficiados de este proyecto.
Pero desde que Duarte llegó a la comisión hace tres semanas, el tema no ha vuelto a agendarse y aún no hay planes para invitar a otros empresarios.
Exclusivo para turismo
Otro de los puntos de debate es el uso exclusivo del terreno. Los empresarios turísticos privados temen que si la propiedad se vende a un solo inversor, éste venda parte de lo que no ocupará para fines residenciales o de otro tipo.
Por eso han propuesto que el terreno, que es patrimonio del Estado, sea otorgado en comodato y no como venta definitiva.
El ministro de Turismo explicó ayer que ha pedido a los diputados que cuando discutan el proyecto determinen que el terreno solo podrá utilizarse para fines turísticos.
Los legisladores saben eso. Cabrera reconoció que el proyecto debe priorizar el turismo, pues lo que se busca es potenciar el desarrollo económico de la zona.