AHUACHAPÁN. Humberto Cerón Galicia está preocupado porque desde 2011, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (Ista), quiere recuperar la pequeña parcela que él habita, pese a que afirma que fue la misma entidad la que se la dio hace siete años.
Cerón, como le dicen quienes lo conocen, asegura que de concretarse el desalojo, no tendría a donde llevar a su numerosa familia. En una casa de varas de bambú, plástico y láminas agujeradas, residen 13 personas, de ellas hay siete menores de entre los 3 y 17 años.
Una de las menores padece problemas mentales y a Cerón se le dificulta caminar. Su mujer con los hijos más grandes, son quienes van a los cafetales para llevar el sustento a la casa.
“Yo no tengo para donde irme, somos pobres; apenas he hecho mi casita”, dijo preocupado el señor.
El mismo sentimiento comparten otras 35 familias que residen en la hacienda La Labor, cantón Chipilapa, de Ahuachapán.
El Ista, aparentemente quiere recuperar estos terrenos para ubicar a otras personas, dijo el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal Chipilapa-La Labor, Marcos Morales.
El dirigente comunal relató que el Ista dio en 2005, parcelas a sesenta personas en los sectores conocidos como El Galerón y Bola de Pan, de la misma hacienda.
Ahí, dichas personas construyeron sus humildes casas, que ahora temen perder. Cada parcela mide 1,500 varas.
Aunque no mostraron un documento en el que la entidad les exija la devolución de las tierras, y tienen presuntos certificados por sus terrenos, Morales expresó que desde 2011 hay presiones de parte de empleados del Ista para la recuperación de las mismas.
“Es una injusticia lo que el Ista quiere hacer con las familias. Dónde está el cambio que se prometió. Yo le pido al presidente Mauricio Funes, que investigue esta situación porque desde 2005 las tenemos en posesión legal”, dijo el presidente de la asociación.
A la amenaza de quedarse sin tierra donde vivir, las familias también suman preocupación por las pocas fuentes de empleo que hay en la zona donde habitan.
Aseguraron que muchos deben salir de la hacienda para buscar trabajos en otros lugares cercanos.
Ante esa necesidad y de la amenaza de desalojo, el año pasado iniciaron un proceso para que a las sesenta personas beneficiadas con las parcelas, les entreguen 26 manzanas adicionales para cultivarlas, principalmente con café. A esa petición no han tenido respuesta, lamentó el presidente de la Adesco.
Otra de las afectadas, Elizabeth Flores, expresó que antes que le entregaran su parcela, vivía “de posada.”
Si le quitan el terreno, volverá a vivir de esa forma, reconoció. “Que se haga la voluntad de Dios; pero no tenemos para donde irnos”, dijo la mujer, quien vive junto a su esposo y su hijo de 10 años.
En el Ista no confirmaron si pretenden recuperar las tierras. Sin embargo, expresaron que “si estas personas pueden probar que ahí viven y que su grupo familiar ahí vive, les vamos a resolver”.
La institución dejó entrever que estas personas no tienen escrituras que confirmen que son propietarios de las tierras.
En uno de los párrafos de un extenso documento que la entidad envió a este rotativo, explica la situación jurídica de la hacienda y se establece que “los adjudicatarios nunca ignoraron la situación que afrontaban, ya que los certificados que les fueron entregados, no son títulos de dominio y carecen de valor legal”.
Añade que en los certificados “se repetían dos o tres veces el mismo lote o solar prometido, con mayor razón queda a la decisión del Ista adjudicar o no determinado solar o lote”.