Impulsar los liderazgos, establecer procesos de dialogo comunitario entre el Estado y la comunidad, y promover procesos de formación en derechos humanos son parte de los componentes que los representantes de FESPAD proponen para la recuperación de los territorios controlados por las pandillas en las diferentes zonas del país.
Para Saul Baños director ejecutivo de FESPAD las políticas públicas deberían tener dos componentes: represión y prevención. “El Estado debe recuperar urgentemente esas zonas dominadas por la estructuras criminales”, afirmó.
Ese control en muchas zonas del país se ha perdido, los homicidios continúan, en la mayoría de los territorios tomados por las pandillas las personas que ingresan deben seguir un protocolo de seguridad, apagar las luces del auto y conducir a baja velocidad, existen horas determinadas para ingresar y salir, por ejemplo.
#RepúblicaSv| “Ahora se tiene un rumbo con el PES, el gobierno que llegue en el 2019 debería de valorar todas las políticas publicas y de seguridad”. Saúl Baños, FESPAD pic.twitter.com/nTkHewZxVw
— RepublicaSV (@RepublicaSV33) 21 de mayo de 2018
Es por ello que esa organización ha propuesto una Ley de Prevención de la Violencia que de acuerdo con el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD, Héctor Carrillo el aporte que se quiere hacer con la propuesta, además de recolectar aspectos positivos de otras iniciativas similares, poner el énfasis en el tema de la necesidad de impulsar acciones en materia de prevención de la violencia, lo cual implica crear un tejido social en comunidades, acercar la institucionalidad del Estado.
“Consideramos que la ausencia del Estado (en las comunidades) ha propiciado el fenómeno de inseguridad que atravesamos, y en la medida que las intervenciones en los territorios sean a partir de las necesidades de la población vamos a tener efectos positivos en materia de seguridad pública”, manifestó Carrillo.
La propuesta presentada por FESPAD tiene un enfoque de prevención primaria, de tal forma que no sea necesario pertenecer a pandillas para participar en los diversos procesos propuestos en relación a lo educativo, inserción laboral y económica, emprendedurismo, cultura, arte y deporte.
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Según los representantes de la institución lo anterior no significa excluir a los miembros de pandillas de los procesos de prevención o rehabilitación, sino construir procesos inclusivos mediante el establecimiento de redes de apoyo para jóvenes que tengan algún nivel de vinculación con las pandillas.
La normativa también propone que los grupos familiares sean incluidos en los procesos de prevención de la violencia, el mejoramiento de espacios comunitarios para fortalecer la convivencia social y el tejido social.