Carla Ayala llega a su casa. Está delgada. “Así”, dice su mamá para describir su cuerpo: extiende la mano derecha y luego forma un círculo con el dedo pulgar y el índice. Le pregunta a su hija por qué no había llegado. “Estaba detenida y no me dejaban salir”, le responde Ayala.
La señora cuenta su sueño de hace unas noches y lamenta que nada en la realidad sea igual desde que su hija, la agente de la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa, desapareció el pasado 28 de diciembre.
Hoy cumple 100 días de desaparecida. A pesar que el tiempo avanza, las autoridades no la encuentran, tampoco encuentran al expolicía del Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo, el acusado del crimen ocurrido luego de la fiesta navideña -con licor incluido- de ese grupo élite.
La mamá de la víctima duda que la Policía Nacional Civil (PNC), institución para la que Ayala trabajó por casi 20 años, esté haciendo esfuerzos para dar con su paradero, aunque diga que sí la busca.
El error de una exhumación para buscar a Carla Ayala que dañó a una familia
La Policía no encontró a la agente Carla Ayala en una exhumación de un cadáver que se realizó en el cementerio de San Francisco Javier, en Usulután.
Carla Ayala,la policía que hoy cumple 100 días de desparecida.
En la casa de la agente está su esposo. No sale. No recibe a nadie. No quiere tener contacto con el mundo. La entrevista con la señora es en la calle. “Pasa encerrado”, dice, para contar después que desde que su hija desapareció, tampoco a ella le dan ganas de hacer nada, y que la última noche su nieto, el hijo mayor de la agente, se echó a llorar porque extraña a su madre.
El mes pasado, cuenta, la PNC dejó de darle ayuda económica, como lo había hecho estos meses. La cantidad que recibía era entre $100 y $200. Hoy recibe una canasta básica.
La señora quiere que su hija aparezca, aunque piensa que ya está muerta y que los mismos policías del GRP se han encargado de encubrir su desaparición, porque ellos deben saber qué pasó la noche de la fiesta, alega.
Esa noche donde según fuentes policiales, altos mandos de la PNC rifaron licor, y donde de acuerdo con la Fiscalía, a los policías Ovidio Pacheco y Wilfredo Deras se les delegó ir a dejar a Ayala a su casa, en Apopa, acompañados de Castillo Arévalo, quien la lesionó de bala en el camino. Ambos iban en la parte trasera del vehículo.
Antes del disparo -los agentes testificaron al juez y las partes del caso, entre la noche del 23 de marzo y la madruga del 24 en la reconstrucción de la escena del crimen-, Castillo Arévalo recibió un mensaje en su teléfono y enfureció. “Eso quería esta perra”, habría dicho, y luego le disparó. Eso fue cerca del bulevar Constitución, llegando a la residencial La Gloria, en Mejicanos.
Una versión que a criterio del juez Roberto Arévalo Ortuño, del juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, lanza otras pistas en la investigación: el crimen parecía planificado (ver entrevista aparte).
Autoridades sospechan que agente Carla Ayala fue enterrada como familiar de policía prófugo
Según la Policía, un médico en Ilopango admitió haber dado la constancia de defunción sin saber de quién se trataba y sin haber visto el cadáver
Las autoridades han dicho que luego de haber disparado, Castillo Arévalo volvió a la sede del GRP. Sus compañeros se bajaron de la patrulla asignada para informarle a los superiores de lo ocurrido, pero en eso el imputado prófugo aprovechó a huir en una patrulla, y apareció horas después para entregar el vehículo y escaparse en otro auto con ayuda de dos familiares.
Otras preguntas
“Y si andaban juntas, pues, ¿por qué no va a saber? ¿Por qué no se vino con ella? Eso es lo que digo. Ya la llamaron (a declarar). Ha ido, pero no dice nada”. La voz de la mamá de Ayala se altera un poco. Se refiere a una compañera de su hija, cuyo nombre desconoce, pero cuenta que fue con ella con quien llegó a la fiesta del GRP. Antes de la celebración, según le dijo el esposo de Carla, con quien la agente habló la tarde del día de su desaparición, fueron a un centro comercial de San Salvador, donde por costumbre la policía llegaba a tomar café.
La mamá de la víctima dice que ella no le habló mucho de su amiga, aunque sabe que a veces la iba a dejar en carro a su casa, pero que nunca la conoció en persona.
La agente, recuerda la señora, todos los días que trabajaba, salía de su casa cargada con panes, café, té y golosinas, lo que acostumbraba a vender en su trabajo. “Volvía hasta con $30 de ganancia”, cuenta.
Con esa venta ayudaba a la familia y consentía a su dos hijos; de 15 y 18 años, con lo que podía comprarles. Señala que su hija no dejaba que ella le ayudara en la cocina, a menos cuando eran días festivos y los colegas de Ayala no tendrían dónde comprar almuerzo, les preparaban comida, e incluso, a veces colegas la llegaban a traer a su casa.
Hoy que la familia está en desamparo, sobrevive con el sueldo del esposo de la agente y los nietos, quienes estudian bachillerato, le dan esperanza a la abuela que faltan pocos años para que comiencen a trabajar y le ayuden con los gastos.
La señora está enferma, eso no la detiene para que a veces viaje sola a San Salvador a trabajar planchando ropa.
Le desespera no saber nada de su hija. Su instinto materno le indica que está muerta, y se queja que tiene que esperar cinco años para justificar oficialmente su muerte, a través de un acta de defunción. Por ejemplo, que se lo tenga que probar al banco en el que la agente desaparecida tenía un préstamo con el que compró su casa y que estaba próxima a terminar de pagar.
Tacha de show lo que la PNC hace para aparentar que busca a la víctima porque ella confiesa que está cansada, que siempre que las autoridades la citan para alguna diligencia, le digan que encontrarán a su hija.
Cree que la institución policial le ha dado la espalda desde que el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) pidió ser acusador en el proceso.
El juez Arévalo Ortuño ha declarado sin lugar esa petición. Por otra parte, considera que pueden existir otras razones a investigar para que el director de la PNC, Howard Cotto, haya deshecho el GRP, el pasado 14 de febrero.