La demora en la presentación de la declaración de un testigo y la intervención de llamadas telefónicas por parte de la Fiscalía General de la República, fue la base para que la Jueza Especializada de Instrucción B de San Salvador exonerara de varios delitos a tres militares acusados de intentar encubrir la tortura de dos jóvenes en Apaneca en 2016.
Los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo (destacado en el Estado Mayor), y el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeños, fueron acusados de proposición de homicidio, pretensiones de soborno en el Órgano Judicial, de intentar que las víctimas no declararan contra los militares y de agrupaciones ilícitas. Sin embargo, de acuerdo con la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, la juzgadora solo decidió procesarlos en libertad por agrupaciones ilícitas y no les impuso ninguna medida cautelar.
La misma decisión favoreció al policía Santos Agustín Esteban Rosales, destacado en el puesto policial de Apaneca, en Ahuachapán. Ante esta resolución, Salvador Martínez, director de Comunicaciones de la Fiscalía, la postura del Ministerio Público es apelar la decisión tomada por la jueza, una vez la reciban por escrito.
“El requerimiento se presentó tres días antes de que se vencieran las escuchas. Por eso es que no sabemos qué es lo que ella ha valorado y desde cuándo es que ella empieza a contar el tiempo”, sostuvo Martínez.
En marzo de 2017 ocho militares fueron condenados a 14 años de prisión por torturar a dos personas
En el proceso también fueron absueltos cuatro abogados, un fiscal y dos exempleadas judiciales. De los imputados, tres ya enfrentan cargos penales por el caso denominado Transes: Sara Albertina Villeda Sánchez, exsecretaria del Juzgado de Izalco, en Sonsonate, y Leila Mélida Morena Sánchez, excolaboradora del Juzgado de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán. Además del abogado Víctor Manuel Melgar, alias Pitinga, acusado de interceder para favorecer al exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, del juicio que enfrenta en la Cámara Primera de lo Civil.
El pasado jueves, día para el cual estaba prevista la audiencia de imposición de medidas, los defensores de Solano Cáceres señalaron a la jueza que su cliente tenía inmunidad diplomática por ser agregado militar en la Embajada de El Salvador en Honduras. La jueza determinó confirmar la información con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Soldados condenados por tortura vinculan a 2 coroneles
Militares sentenciados a 14 años de cárcel alegan que solo cumplían órdenes superiores de dos oficiales. Cuestionan el hecho de que dos coroneles a los que obedecían no fueron investigados ni procesados por el caso.
Al siguiente día, Cancillería envió el informe en el que establecía que el coronel solo gozaba de inmunidad en Honduras, el país receptor. De acuerdo con la documentación, según la Unidad de Prensa de Juzgados, los datos mostraron que según la Constitución de la República, la Convención de Viena, La Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático y la Ley Consular no eran procedentes con la petición realizada por los abogados Manuel Chacón y Ernesto Parada.
Por este hecho, seis soldados, un sargento y un cabo fueron condenados a 14 años de prisión el año pasado. Los militares fueron condenados por torturar y privar de libertad a dos jóvenes identificados como Ángel Edgardo Rodríguez Lucha, de 22 años, y Héctor Orlando C., de 17, el 3 de junio de 2016, en la colonia San Jorge, en Apaneca. Ellos aseguraron que siguieron órdenes de Solano Cáceres y de Ascencio Sermeño.