El Juzgado Especializado de Instrucción A envió a prisión preventiva a 13 imputados acusados de organizaciones terroristas y lavado de dinero y activos en el marco de la Operación Cuscatlán. La jueza dijo que había elementos para tomar la decisión y decretó cinco meses de instrucción para que la Fiscalía fortalezca la investigación.
Entre los imputados está Florinda Recinos Blommaert, quien junto con los demás imputados fue capturada el pasado viernes. La Fiscalía reveló que ella adquirió unidades de transporte de la Ruta 29-A con dinero facilitado por la pandilla y que esto le generó $150 mil en ganancia.
Recinos era la presidenta de la Ruta de microbuses 29-A, que hace recorridos entre las colonias Valle Nuevo, Santa Lucía y San Salvador.
Jueza envía a prisión preventiva a 11 detenidos en operación Cuscatlán
Según la Fiscalía, la aplicadora de justicia valoró todas la pruebas presentadas en el caso y otorgó cinco meses para sustentar la acusación
La investigación fiscal también detalló que Recinos tiene una hija que ha estado vinculada sentimentalmente con un cabecilla de la pandilla y que, debido a ello, es que habría logrado usar dinero de la estructura criminal en el negocio del transporte.
El abogado defensor dijo que el único pecado de su clienta es que su hija está casada con un pandillero.
En el procedimiento de allanamiento, la Fiscalía incautó tres Coaster Toyota, dos microbuses de la misma marca, otro microbús de marca desconocida y una camioneta Isuzu Rodeo. Además de dos casas en la colonia Santa Lucía ubicadas en los pasajes “E” y “D”, en los números 50 y 51, respectivamente.
La jueza también envió a prisión a Irma Lorena Rodríguez Amaya, quien de acuerdo con el Ministerio Público, “tenía el monopolio de toda una cuadra donde funcionaba una diversidad de negocios” que incluía “panaderías, pastelerías, venta de tacos, comida mexicana y coctelerías”.
Presidenta de la ruta 29-A capturada por presuntamente lavar dinero para la MS-13
"La detenida tiene una hija que ha estado vinculada sentimentalmente con un cabecilla de la pandilla y por eso ha logrado usar dinero de la estructura criminal en el negocio de los buses", aseguró el director de la PNC
Entre los negocios incautados a Rodríguez se encuentra el bar “La concha viuda” y “El garrobo comelón”, situados en colonia Sierra Morena, de Soyapango; además de dos comedores y pupuserías de nombre “María Bonita” y “Gaby”, y la panadería “Lorenita”, en colonia Santa Lucía.
Le incautaron, además, dos propiedades: una en Santa Lucía y la otra en la lotificación Agrícola de la hacienda El Tecomatal del municipio de Estanzuelas, en Usulután.
Según la Fiscalía, la pandilla le inyectó diferentes cantidades de dinero a negocios de Rodríguez, con lo que logró diversificarlos. “Llegó a tener grandes cantidades de dinero en depósitos a plazo en los bancos, al registrar esa información que nos da el testigo concatena con los análisis financieros”, agregó el fiscal.
La investigación fiscal también reveló que el trato de los comerciantes con los pandilleros era que el 70 % de las ganancias era para los mareros y el 30 % para los negociantes.
Fortalecerán acusación
Al dictar las medidas, la jueza dijo que por el tipo de delitos atribuidos a los imputados, era necesario “corroborar todo lo que aquí se dijo” y que eso se hará en la fase judicial.
Para el fiscal del caso, la presentación de los perfiles financieros elaborados por peritos contables, el seguimiento y vigilancia realizado por la Policía desde hace dos años y el testimonio del testigo criteriado clave “El Padrino”, fueron importantes para que la juzgadora dictara prisión preventiva para los acusados.
“A partir de este momento ha iniciado la etapa de la investigación judicial por medio de la cual se desarrollarán pericias financieras a nivel judicial, se recolectará mayor información de tipo financiero, fortaleceremos la participación en todos los delitos que se les atribuyen a los imputados, toda la prueba en su conjunto será robustecida”, aseguró el fiscal.
En cuanto al delito de organizaciones terroristas el representante fiscal aseguró que, desde el momento en que colaboran con las pandillas, forman parte de la estructura.
“Ya la Sala (de lo Constitucional de la Corte) ha dicho: las personas que pertenecen o delinquen, como los que financian o prestan cualquier tipo de colaboración, forman parte de la organización”, refirió el fiscal.
Por su parte el abogado defensor de Recinos Blommaert expresó que les faltó tiempo para demostrar la inocencia de ella.
“Fue muy corto el tiempo para recopilar la información. Es lógico que la decisión que se esperaba para continuar la investigación en una fase de instrucción es la que la señora jueza ha dado”, afirmó.
José Ernesto Vielman, uno de los imputados, manifestó en su defensa que es comerciante desde hace 20 años y alegó que se le han violentado sus derechos. “Han denigrado, mala aplicación de justicia por un individuo que quiere beneficios”, lamentó.