El gobierno encontró una manera de como cumplir con el pago de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que se vencen el próximo 8 de julio, a través de una reforma al presupuesto de la Nación.
Con ella se le quitaron $15.5 millones a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); y $17.5 millones a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para un total de $33 millones.
El dictamen fue votado por unanimidad, aunque la bancada de ARENA sostuvo que ese monto no será suficiente, debido a que la tasa LIBOR ha aumentado y que para el 8 de julio, el gobierno está obligado a cancelar $47.3 millones, y no sólo $33 millones que fueron reorientados ayer.
“Queremos evitar un impago y sabemos que estos recursos van a salir de excedentes de Cepa y Siget pero únicamente $33 millones, y la necesidad a pagar es de $47. 3 millones, faltan alrededor de $14 millones, es decir la solución es parcial pero alimentamos el fondo de previsión”, reflexionó la diputada de ARENA, Carmen Elena Calderón de Escalón.
Y en efecto, el monto aprobado no alcanzaría para saldar la totalidad que incluye el pago de intereses y capital. Solo de este último concepto el Estado tendría que pagar $18.3 millones, más $29 millones de intereses, haciendo un total de $47.3 millones, debido al incremento de la tasa LIBOR, según lo explicó la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar.
Incluso, el otro plazo más próximo a pagar después de este pago del 8 de julio es el 20 de octubre del presente año, el cual también se eleva por la misma razón de $83 millones a $91.3 millones.
El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, intentó que antes de aprobar dicha modificación al presupuesto se dejara establecido en el decreto que la medida sería “parcial”, con lo que se comprometía al gobierno a buscar los otros $14.3 millones que harán falta para cumplir en su totalidad con dicho pago.
Sin embargo, su petición no logró los votos requeridos en el pleno.
Al respecto, la jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara, trajo a cuenta de que la Asamblea aprobó en el pasado una especie de excepción del pago de capital por cinco años, por lo que los $33 millones aprobados, a su criterio, son justamente lo que se necesita pagar en intereses.
Lo anterior fue reconocido también por el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce.
“Esto es única y exclusivamente para el pago de los intereses que surgen del FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales); lo que estamos haciendo es dando el crédito al ministro de Hacienda para que él pueda hacer efectivo el pago que corresponde al mes de julio. No podemos caer en irresponsabilidad al negar las transferencias para hacer efectivo el pago requerido”, expresó Ponce.
En opinión del jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, son alrededor de $20 millones los que se ocuparán de los $33 millones para cancelar los intereses, y que con ese dinero evitarán caer en el temible “impago”, situación que ya ocurrió en abril pasado y que le generó al país descalificaciones por parte varias calificadoras de riesgo internacionales.
Pese a ello, Calderón de Escalón, fue enfática y advirtió que de nada servirá si el gobierno deja acumular esa deuda ante el pago que se avecina en octubre. Si la falta de fondos continúa, el país podría caer en “default”, sentenció.