Desde el 25 de abril la Fuerza Armada y las altas jefaturas de la Policía Nacional Civil fueron alertadas por sus divisiones de inteligencia que la pandilla MS-13 recrudecería los ataques contra familiares de militares, policías y custodios de centros penales.
A más de un mes de esa advertencia las amenazas dejaron de ser simples rumores y ya cobraron la vida de al menos ocho parientes de agentes policiales y dos del Ejército.
La espiral de violencia contra padres, hermanos y hasta primos de agentes de la Policía se ha vivido en los primeros 12 días de junio.
Sólo del viernes hasta a ayer lunes, las pandillas asesinaron a cuatro familiares de policías, siendo los últimos dos hechos, el homicidio en contra del padre de un cabo policial en San Emigdio, La Paz, quien el domingo fue atacado al interior de su casa.
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El septuagenario fue asesinado en su modesta casa.
De acuerdo con las autoridades, la víctima fue identificada como José Efraín Guevara Saravia, de 73 años, padre de un cabo de la PNC.
Fuentes policiales confirmaron que un grupo de pandilleros llegaron a la casa de la víctima cerca de las diez de la noche y lo atacaron a machetazos. La víctima residía en barrio El Centro del referido municipio.
Este lunes, la prima de otro agente fue ultimada por pandilleros en una zona rural de Guatajiagua, Morazán.
Fuentes policiales confirmaron que María Estela López fue atacada cuando se dirigía a trabajar en el cantón San Andrés. La Policía la auxilió pero murió cuando era llevada a un centro asistencial.
Mientras que el domingo, Miguel Ángel Rivera Benavides, de 65 años, padre de otro agente fue asesinado cuando se encontraba en un cultivo de maíz, en el caserío Tamera, cantón Gualama en el municipio de Chapeltique, San Miguel. Fue asesinado con arma de fuego y un machete.
En Chapeltique, San Miguel, fue asesinado en esa milpa Miguel Ángel Rivera Benavides, de 65 años, padre de un agente de la Policía Nacional Civil. Foto EDH / Iliana Ávila
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Todos estos hechos de violencia coinciden con la alerta enviada por el comando Zeus de la Fuerza Armada, en abril pasado: “los cabecillas de la MS-13 giraron órdenes a sus miembros para que ejecuten el plan Lágrimas Amargas” en contra de efectivos de la institución castrense, Policía y Centros Penales.
Según el reporte de inteligencia militar, las pandillas ordenaron que a partir del mes de junio se pusiera en marcha el plan “Niños Huérfanos contra los mismos objetivos (autoridades) y sus familiares”.
En la misma comunicación militar se advierte a todos los comandantes del Ejército que alerten al personal y refuercen las medidas de seguridad con el propósito de evitar más víctimas.
Cuando circuló esa alerta del Comando Zeus de la Fuerza Armada, a los días ocurrió el asesinato de un militar administrativo, su cuerpo fue desmembrado y dejado en varias bolsas plásticas en Las Cañas, Ilopango.
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Días después del hecho, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, negó que ese caso fuera un mensaje que las pandillas estaban enviando a las autoridades por el accionar en contra de esos grupos delictivos.
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo en esa ocasión que no había ni siquiera certeza de que ese mensaje de supuestas amenazas proviniera de las pandillas.
Fuentes policiales confirmaron que, efectivamente, las pandillas han arreciado su accionar en los primeros días de junio, como advertía la inteligencia militar, y los ataques contra parientes de policías, soldados y custodios de penales se han efectuado.
También la cantidad de muertes violentas ha aumentado: junio ha registrado un alza en comparación al resto de meses del año.
La cifra indica al menos 137 homicidios, solo el viernes pasado, el director de la Policía confirmó al menos 25 muertes violentas, una cifra récord en el año.
Escolta de Óscar Ortiz
En los ataques a policías y sus parientes ha sido víctima también un escolta del vicepresidente Óscar Ortiz.
La esposa de un agente PPI, quien, es seguridad de Ortiz, fue asesinada en su vivienda ubicada en la colonia El Primo del cantón El Chaparral en Colón, al norte de La Libertad. La víctima fue identificada como Maritza Elizabeth Durán, de 53 años.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima presentaba varias lesiones de escopeta y pistola 9 mm. La PNC no reportó capturas.
Ataques contra policías y parientes no son aislados
Para el exagente de la Policía, Marvin Reyes y secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía, la ola de asesinatos contra parientes de agentes policiales no son hechos aislados porque, según él, revisten ciertas coincidencias con momentos cuando el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén está demandando más recursos de préstamos para seguridad y la corporación policial.
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El dirigente policial afirmó que hay una intención de que se vulnere la seguridad de los agentes y sus familiares, y se haga palpable el ambiente de inseguridad que se vive en todo el país.
Anteriormente, dijo, se detectó que siempre que se van a solicitar préstamos internacionales para cubrir necesidades de seguridad pública, empieza la ola de asesinatos en contra del personal y de sus familias.
“Luego aparecen presionando a la Asamblea Legislativa para que se aprueben los préstamos, se ve una intención de utilizar ese método de atentar en contra de sus miembros y familiares para presionar por el favorecimiento que necesita el Gobierno”, sostuvo.
Eso se vio, argumentó, cuando el Ejecutivo presionó por la emisión de bonos por 154 millones de dólares, justo cuando arreciaron los ataques contra los policías y sus familiares.
“Esa situación es reprochable si es que están actuando de manera sádica, porque no es justo que estén jugando con la sangre del pueblo y mucho menos de los trabajadores policiales y sus familias, es de lo más vil porque no les interesa que mueran gente con tal que les cumplan sus propuestas”, afirmó Reyes.
“Estos casos no se pueden decir que son hechos aislados, son acciones premeditadas encaminadas a ese fin”, puntualizó Reyes.