“Sin decirlo abiertamente, el ente fiscal ha pretendido criminalizar una política pública”, así inició Raúl Mijango, ayer, su derecho de palabra en la audiencia ventilada en el Juzgado Especializado de Instrucción “A” respecto a las acusaciones hechas por la Fiscalía en el caso de tregua de pandillas.
El Ministerio Público le imputa, en un proceso con 22 personas, agrupaciones ilícitas e introducción de objetos prohibidos a centros penitenciarios, entre 2012 y 2013.
De acuerdo con la relación de los hechos, a inicios de 2012, Mijango y monseñor Fabio Colindres se reunieron con cabecillas de las tres pandillas (MS, 18 Revolucionaria y 18 Sureña) y comenzaron a ejecutar una serie de acuerdos que, a cambio, buscaban una reducción de los homicidios.
No obstante, Mijango señaló que si para la Fiscalía “trabajar por la paz” era un delito, se declaraba culpable.
En ese sentido, justificó su culpabilidad por haber realizado un esfuerzo para resolver la situación de violencia que enfrenta el país junto a entidades como la Iglesia Católica y el respaldo del Estado.
Criticó que la Fiscalía no ha logrado comprobar materialmente las agrupaciones ilícitas que le imputan, y que si asociarse con monseñor Fabio Colindres era delito, que lo pruebe.
Aceptó, además, introducir comida y gaseosas partiendo de “un principio en su experiencia política”: que el mejor lugar para dirimir problemas de sociedades es en la mesa.
El imputado dijo que de pasar a juicio, ofrecía como pruebas los testimonios del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, en su calidad de exalcalde de Santa Tecla, además del edil de Ilopango, Salvador Ruano, para que presenten informes sobre el comportamiento de la violencia en esos lugares durante el tiempo de la tregua.
Según Mijango, ambos municipios fueron los primeros donde se implementó una estrategia para reducir la violencia.
“Son en esos dos municipios donde se suscribieron los dos primeros pactos locales por la paz, donde como firmantes aparecen, no solo las autoridades locales, sino, inclusive, los miembros de las pandillas de esa localidad”, dijo Mijango recordando los pactos en ambos municipios.
Otro de los señalamientos de la Fiscalía en el proceso es que para la tregua, las pandillas entregaron sus armas, pero también solicitaron a los mediadores celulares para los cabecillas recluidos en diferentes penales.
Mijango dijo que las armas entregadas, que sumaron 504, fueron devueltas en tres ocasiones de forma “voluntaria y pública”, y solicitó al juzgado que pidiera un informe técnico a la Dirección de Armas y Explosivos de la Policía. Asimismo, que solicitase a la institución estadísticas de homicidios de 2011 a 2014.
Ortiz: “Que yo sepa nadie me ha dicho nada”
Minutos después que Mijango ofreció de testigo ante el juzgado a Ortiz, este, al anunciar la distribución del dinero de impuestos recolectados para seguridad en la Asamblea Legislativa, dijo que nadie la había informado al respecto.
“No sé adónde voy a asistir, que yo sepa nadie me ha dicho nada, nadie me ha comunicado nada. Simple y sencillamente uno tiene que ser muy serio en esto, no se puede extrapolar un tema de una manera tan informal”, señaló.
Además de Ortiz, el lunes el defensor de los inspectores José Roberto Castillo Díaz y Luis Alonso Aguilar Marín, Carlos Méndez, ofreció como testigos al expresidente Mauricio Funes y a Ortiz.
Mientras que ayer, Castillo Díaz reforzó la petición de su defensor sobre el testimonio de Ortiz y agregó a la lista al actual ministro de Defensa, David Munguía Payés.
La jueza ha citado para hoy a las parte para ver tres videos presentados ayer por el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda.