El más reciente informe de Derechos Humanos en El Salvador difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos ha planteado que a lo largo del año anterior fueron cometidos en este país 58 denuncias de tortura, critica la generalizada corrupción de funcionarios públicos y lanza una alerta sobre las ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido fuerzas de seguridad.
De acuerdo al informe, “los problemas principales de derechos humanos surgieron a raíz de una corrupción generalizada, deficiencias en el poder judicial y las fuerzas de seguridad que contribuyeron a altos niveles de impunidad”.
Podría interesarle: Incoherencias en otra acusación contra joven detenido en Altavista
En su apartado C del informe, EE.UU. observa que si bien la ley salvadoreña prohibe prácticas como la tortura, “hubo múltiples informes de violaciones. La PDDH -Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos- recibió 58 denuncias de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por funcionarios públicos, incluidas 47 denuncias contra agentes de la PNC y ocho contra miembros de las fuerzas armadas”.
Agentes del orden también han estado en la mira de la Procuraduría por casos de violaciones a la integridad. La PDDH recibió también 371 denuncias de violaciones: 303 cometidas por agentes de la PNC, 60 cometidas por miembros de las fuerzas armadas y ocho por otros funcionarios públicos.
Asimismo, la PDDH recibió 482 denuncias de registros no autorizados, maltrato, abuso físico, insultos y acoso por parte de las fuerzas militares durante los patrullajes conjuntos con la PNC.
En la sección 4, del informe, titulado “Corrupción y falta de transparencia en el gobierno”, Estados Unidos expone que “La ley dispone la imposición de sanciones penales a los funcionarios por motivo de corrupción”.
No obstante, “el gobierno no aplicó la ley eficazmente y, con frecuencia, los funcionarios realizaron actos corruptos con impunidad”.
Además: Policía: ”¡A El Botoncillal no vayan!”
Retoma la denuncia de la ONG Iniciativa Social para la Democracia que indica que los funcionarios, en particular en el sistema judicial, solían participar en prácticas corruptas con impunidad.
De hecho, hace un par de semanas, tres jueces especializados contra el crimen organizado -Jorge González, José Rodolfo Castillo y Enrique Beltrán- fueron condenados a cárcel (penas de 4 a 19 años) por favorecer a narcotraficantes, recibiendo para ello sobornos o distribuyéndose grandes cantidades de dinero producto del lavado de dinero.
Secretismo
Otra falta al derecho humano de la población a ser informada se establece en este documento cuando dice que, “La Ley de enriquecimiento ilícito exige a los funcionarios designados y electos presentar información sobre su patrimonio a la Sección de Probidad de la Corte Suprema. Las declaraciones no están a disposición del público y la ley no establece sanciones por incumplimiento”.
Arbitrariedad
Sobre el arresto arbitrario, el Departamento de Estado de EE.UU. observa que fueron analizados unos 100 casos en la PDDH, en los que prevaleció la detención arbitraria y de detención ilícita durante el año 2015.
Según informes de prensa, el 18 de febrero seis soldados de la Fuerza de Tarea Hermes de las fuerzas armadas detuvieron a cinco civiles después de allanar una residencia privada en la colonia San Fernando, Armenia, en el Departamento de Sonsonate.
En este caso, “Ninguno de los cinco fue llevado a una comisaría para ser acusado y se seguía desconociendo el paradero de tres de ellos.
En julio (2016), la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el juzgado de lo penal en Armenia dictaminaron que había pruebas suficientes para proceder con un caso penal. Al mes de noviembre, los soldados acusados estaban bajo detención y enjuiciamiento por detención arbitraria y desaparición forzada.