Mientras el expresidente Funes permanece asilado en Nicaragua y la justicia salvadoreña lo juzga por presunto enriquecimiento ilícito, en El Salvador y en Brasil varios de sus ex aliados políticos están enfrentando procesos judiciales o condenas por irregularidades en su ejercicio público o corrupción.
Uno de ellos, su exasesor de campaña, el brasileño Joao Santana, ya fue condenado a ocho años de cárcel por coordinar pago de sobornos y otras anomalías.
Es en este contexto en el que, a partir del escándalo de corrupción de la estatal brasileña Petrobras, varios de los políticos afines a Funes están siendo investigados, mientras que en el escenario salvadoreño dos procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito lo relacionan: uno contra él, su exesposa Vanda Pignato y su hijo, Diego Funes Cañas, mientras otro es del exdirector de Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y amigo personal de Funes, Leonel Flores Sosa.
En el primer proceso, la Cámara Segunda de lo Civil enjuicia a Funes por presunto enriquecimiento ilícito por ingresos no justificados de $728,000 durante su periodo, de 2009 a 2014.
Funes permanece en Nicaragua, a donde corrió a tramitar el asilo exprés una vez que la Fiscalía comenzó a catear sus casas.
Durante las tres anteriores audiencias solo Pignato se ha presentado mientras que el pasado 17 de enero el abogado de Funes solicitó que su cliente declarara desde Nicaragua.
A la exprimera dama se le cuestiona por un monto de $57,000, con el que pagó unas deudas y otros compromisos financieros.
Pignato ha reiterado que las deudas fueron adquiridas antes de que la pareja llegara a la presidencia y que fueron pagadas por Funes con fondos de sus cuentas personales, así como cheques, ya que “la Primera Dama no gana salario”.
Funes no logró justificar ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cómo pagó más de $200,000 en deudas y cómo recibió $121,000 de una empresa que reportó ingresos de menos de $30,000.
La empresa que dio el dinero al exmandatario se llama Agrosuministros S.A. de C.V.” y su propietario es Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza, indica la resolución de la Corte.
Ademas Funes Cañas, uno de los hijos del expresidente, registra compras de vehículos de marca con un alto precio que luego vende a un menor valor a diferentes personas, asumiendo pérdidas que ascienden a $41,600, en lugar de ganancias, plantea la resolución de Probidad en el caso Funes.
Una declaración jurada presentada por su madre, Regina Cañas, registra haber recibido un crédito por $95,000 de parte del señor Luís Antonio Flores Mancía, para entregarle dicho monto a su hijo Diego Funes, para iniciar un negocio de venta de vehículos.
Pero Probidad señaló que no hay registros bancarios de Diego Funes que prueben si recibió el crédito que refleja su madre y considera inconsistente que dicho préstamo haya sido usado para instalar un negocio y que se registren ventas de vehículos a valores menores a los adquiridos.
La primera condena
En el caso de Flores Sosa, la Cámara Segunda de lo Civil declaró al exdirector del ISSS responsable de enriquecimiento ilícito por $812,740.44.
Su esposa, Denisse Karina de Flores, también fue declarada responsable por el mismo cargo.
En el informe de Probidad se señala que en el periodo en que Flores Sosa dirigió el Seguro Social, del 11 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, el funcionario realizó depósitos que ascienden a $512,016.13 y que hizo retiros por $367,182.37.
Además, el exfuncionario de la administración Funes trató de justificar parte de los ingresos diciendo que estos provenían de una empresa establecida en Estados Unidos, pero esta empresa lo desmintió.
En aprietos sus referentes y amigos
Girando la mirada a Brasil, Funes tenía a varios de sus referentes, pero estos hoy están enfrentando diferentes procesos por corrupción que detonaron el caso de sobornos en la estatal Petrobras y varias empresas que pagaban por ganar contratos en varios países de América Latina.
El ejemplo mas reciente es el de Joao Santana, exasesor de la campaña de Funes en 2008 y 2009, quien la semana pasada fue condenado a ocho años de cárcel por estar involucrado en la red de Petrobras, representando a la constructora Odebrecht.
Fue esta empresa la que, según la investigación de las autoridades brasileñas, pudo dar $1.5 millones a la campaña de Funes, a través de Santana, quien luego del triunfo electoral del expresidente salvadoreño abrió en el país la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing, S.A. de C.V. y logró, en 2010 y 2011, $2.4 millones en contratos.
Por su parte Luiz Inácio Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y que fue muy cercano a Funes entre 2008 y 2012, enfrenta una investigación por presunta corrupción y lavado de dinero en relación a ocho contratos firmados entre Petrobras y la constructora Odebrecht. Ahí se pagaron $22.1 millones en sobornos, indica la investigación en Brasil.
En El Salvador Odebrecht fue precalificada para continuar, en 2013, con la construcción de la presa El Chaparral.