El ministro de Obras Públicas (MOP), Gerson Martínez, rechazó que se haya entregado en concesión el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), con lo cual contradijo la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), que en la demanda de inconstitucionalidad por la adjudicación a manos privadas de ese sistema de transporte dijo que debió pasar por la Asamblea Legislativa.
Los transportistas que han promovido este proceso de inconstitucionalidad alegan que se han entregado carriles exclusivos al Sitramss, a la empresa Unión de Empresas Sipago-Sitramss, y que esta concesión no cuenta con el aval de la Asamblea Legislativa, como establece el artículo 120 de la Carta Magna.
La FGR, en su escrito presentado en septiembre de 2015 a la Sala de lo Constitucional, sostiene que se trata de una concesión y que debió aplicarse el artículo 120 de la Carta Magna.
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Pero ayer el ministro Gerson Martínez aseveró en entrevista en la Radio 102. Nueve que cuando fue diputado él redactó dicho artículo de la Constitución y negó que sea una concesión.
“Yo le dije al señor Viceministro de Transporte: yo no estoy de acuerdo en que se concesione ese carril del Sitramss, no estoy de acuerdo. No ha habido ninguna concesión”, aseguró Martínez.
No obstante, la Fiscalía en su escrito a la Sala sostiene que “la Asamblea Legislativa regula el otorgamiento de concesiones, por ejemplo: segregación de vías públicas, muelles ferrocarriles, explotación de recursos hidráulicos y geotérmicos, etc.
En un intento por reforzar su defensa a la adjudicación del Sitramss, el titular del MOP dice que si se tratara de un concesión como argumenta la Fiscalía sí “debió pasar por la Asamblea Legislativa”.
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“…Aunque le voy a decir que todas las concesiones de líneas que se han dado en toda la historia de los autobuses, no han pasado por la Asamblea Legislativa…”, externó el ministro.
La Fiscalía dice estar clara que en cuanto al otorgamiento de líneas de autobuses corresponde al VMT, concederlo, pero lo concerniente a la entrega a manos privadas del carril segregado, paradas y terminales, que son bienes públicos, debió tener el aval de la Asamblea Legislativa.
La FGR fundamenta lo anterior, citando un fallo de la misma Sala de lo Constitucional.
“Por ello esa Sala estableció: En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles (…) u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”, y cita la Fiscalía la sentencia 65-2012/36-2014 del 29-7-2015, considerando IV.
Pese a su defensa en la adjudicación del Sitramss, el ministro Gerson Martínez se mostró complacido de que la Sala revise si es constitucional o no. “A mí me parece absolutamente correcto que la Sala examine y dirima eso”, dijo el titular del MOP.
Fue el fiscal anterior
El actual fiscal general, Douglas Meléndez, aclaró el lunes que la postura de la Fiscalía que consta en la demanda de inconstitucionalidad en manos de la Sala de lo Constitucional, es de la administración anterior.
“En relación al pronunciamiento que la Fiscalía General de la República hizo en su oportunidad, creo que fue en el año 2015, sobre la legalidad o no del proyecto ese del Sitramss, déjeme decirle que fue la administración anterior de la Fiscalía, fue bajo la administración del fiscal general anterior”, manifestó el fiscal Meléndez a la prensa.
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El funcionario confirmó que su predecesor consideró en el escrito enviado a la Sala de lo Constitucional que se ha violado la Carta Magna al entregar en concesión el proyecto del Sitramss sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa.
“En ese momento sí la Fiscalía General de la República se pronunció que había una violación a la Constitución, en lo que regula al reglamento respectivo de transporte terrestre, en cuanto a las potestades que tiene la Asamblea, los diputados, en aprobar todo lo relacionado a las concesiones”, dijo Meléndez.
Aun con la aclaración sobre la postura institucional en la demanda de inconstitucionalidad en la adjudicación del Sitramss, Douglas Meléndez, externó que hará una revisión al respecto. “Nosotros no hemos tenido intervención, no obstante, vamos a revisar también ese tema”, manifestó.
La Sala de lo Constitucional ordenó recientemente al presidente Salvador Sánchez Cerén, un informe en el cual explique y amplíe sobre cómo se estableció el Sitramss, por qué está en manos de particulares tanto su flota como sus terminales, y por qué se le dio un carril exclusivo siendo que las calles son de dominio público.