El dinero que fue a parar a las empresas radiales del expresidente Elías Antonio Saca tuvo, al inicio, de intermediario al ex secretario privado de la Casa Presidencial, Élmer Charlaix, y posteriormente se sumaron a ese juego Francisco Arteaga, jefe de la Unidad Financiera, y Pablo Gómez, el contador institucional presidencial, según lo establece la Fiscalía en el requerimiento presentado contra 17 imputados en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
Sin embargo, las agencias de publicidad América Publicidad, ANLE y Funes y Asociados habrían contribuido al lavado de $22 millones, porque, de acuerdo con las investigaciones fiscales, recibieron pagos por supuestos servicios, pero se encargaron de depositar en sus cuentas bancarias fondos del Estado y luego emitir cheques a favor de las empresas de Saca en las que también la ex primera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, tiene acciones y forma parte de la dirección.
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Las empresas favorecidas habría sido Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca, Grupo Radial Samix y Stereo 94.1, que después de percibir los ingresos, emitieron cheques a la esposa del expresidente.
Esposa de Saca abrió dos cuentas en 2006
En 2006, año en el que Charlaix abrió dos cuentas bancarias para el supuesto desvío de $246 millones de fondos Institucionales Subsidiarios del Tesoro Público de la Presidencia, las cuales cerraron dos años después, Mixco de Saca también abrió dos cuentas.
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La primera fue abierta por la ex primera dama el 23 de enero de ese año, y hasta el 14 de mayo de 2009, habría realizado 56 depósitos que suman $580,220.77. Por lo tanto, en esos 41 meses, estuvo depositando, según la Fiscalía, mensualmente, un promedio de $14,151.72.
La segunda cuenta de Mixco de Saca fue abierta el 14 de noviembre de 2006, y hasta el 15 de mayo de 2009, habría realizado depósitos que suman $87,167.92 en 31 meses. Mensualmente, señala el Ministerio Público, habría depositado $2,811.87.
Por el comportamiento del manejo de dinero en esa cuenta, la Fiscalía supone que allí a la ex primera dama le realizaban depósitos por el pago de salarios de la empresa Promotora de Comunicaciones.
La investigación ha determinado que la imputada recibía un salario mensual de $3 mil, no obstante, a veces solo recibía un pago quincenal y otras veces un solo abono. “Esto significa que el dinero remesado en esta cuenta es el que puede justificar, el cual es producto de su salario”, sostiene Fiscalía.
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A pesar de ello, el requerimiento fiscal establece que, entre enero 2006 y mayo de 2009, Mixco de Saca declaró en el Ministerio de Hacienda que percibió $159,146.30 en salarios y otros servicios, cuando en ese mismo periodo las cuentas que abrió sumaron en depósitos $667,388.69, quedando a la deriva $508,242.39 sin justificar, lo que representa un promedio mensual injustificado de $12 mil 396.
Cuando en febrero del año pasado la imputada fue enviada a juicio civil junto a Saca, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia contrastó que los depósitos realizados por la ex primera dama reportados por Hacienda entre 2006 y 2009 sumaban $159,146.30, resultando una diferencia de ahorros de más de $508,242.39 que ella no pudo justificar.
Días después, Mixco de Saca solo justificó de esa cantidad $3,687.12 que reportó como indemnizaciones entre 2004 y 2009, y quedaron injustificados $81 mil 366, pero por irregularidades de incremento patrimonial no justificados la CSJ determinó $589 mil 608.
“Este monto que fue determinado por la Sección de Probidad y confirmado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia encuentra explicación de su origen… es decir, que tales depósitos se deben al dinero que fue desviado o apropiado ilegalmente de las Cuentas Institucionales Subsidiarias del Tesoro Público manejadas por Presidencia de la República”, señala la Fiscalía.
En su investigación, la Unidad Financiera de la FGR solicitó información en el registro bancario sobre todas las cuentas a nombre de Mixco de Saca y resultaron cinco. El informe emitido reflejó aumentos de las que abrió en 2006 y otra abierta en 1999, la cual se sumó al análisis.
En total, la cantidad no justificada resultó de $610,436.52 más el monto no justificado en la Sección de Probidad, la cantidad asciende a $81,366.43 que da un total de $691,804.95. De esa manera el monto injustificado ante la CSJ subió a $102,194.13.
Todas estas cantidades, de acuerdo con las investigaciones, contradicen lo que ella reportó a Hacienda.
Arteaga y Gómez realizaron depósitos a Mixco de Saca
Según la Fiscalía General de la República, los $610,436.52 que Mixco de Saca no ha justificado se deben a que, entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2009, ella recibió abonos por mes y en efectivo por $10 mil, que en algunos casos fueron realizados por Arteaga y Gómez.
Después que Charlaix cerró las dos cuentas en la que habría recibido dinero del Estado, Arteaga abrió 10 cuentas y Gómez dos, las cuales fueron abonadas por cheques emitidos a favor de la cuenta “Gastos Operativos Presidencia de la República”, abierta por Jorge Alberto Herrera Castellanos, quien fungió como Pagador General Auxiliar de la Presidencia, en julio de 2004.
“Resulta que dichas personas (Arteaga y Gómez) depositaban ese dinero en las cuentas de la señora Ana Ligia Mixco de Saca, y posteriormente ella se encargaba de retirarlos, cerrando el círculo de lavado de activos”, señala el requerimiento fiscal.
El inicio de desvío de fondos del Estado, de acuerdo con la Fiscalía, comenzó cuando el 1 de junio de 2004, día en que Saca asumió la Presidencia, él y Charlaix crearon un “reglamento” que según ellos tenía como fin la fiscalización de fondos públicos y privados del Estado, pero violaba la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrada.
En octubre de 2016 el pleno de la CSJ envió a juicio civil a Charlaix, antes de ello Probidad solicitó a la Presidencia Capres la base legal para el funcionamiento dichos fondos, pero no había documentos.
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