Ocho meses y medio después de que un motociclista murió atropellado en La Libertad por el conductor de una camioneta de la Presidencia, el jefe de personal del Batallón Presidencial fue enviado a juicio por este caso.
El Juzgado de Primera Instancia de ese municipio resolvió, la tarde del lunes, que el capitán Lisandro Chávez Vigil, de 32 años, debe seguir siendo procesado por el delito de fraude procesal.
La Fiscalía General lo acusa de encabezar a tres militares que, la madrugada del 1 de mayo de 2016, llegaron a la escena del hecho fuertemente armados y retiraron el vehículo cuando la Policía de Tránsito aún no había hecho las diligencias para deducir responsabilidades.
Con ello, el capitán habría alterado la escena del homicidio culposo (no intencional) en perjuicio de Mario Alberto García, quien en ese momento transitaba por la playa Conchalío y se dirigía a su casa.
Las investigaciones señalan que en el carro de la Presidencia iba un nieto del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (cuyo nombre no ha sido revelado) y el motorista Walton Emeraldo García, quienes retornaban de la playa.
El fiscal del caso informó que Chávez Vigil, en su defensa, declaró que el día del accidente solo cumplía órdenes.
El delegado del Ministerio Público se reservó el nombre de la persona que, según el imputado, le dio las directrices para que se llevaran la camioneta.
Cuando se le preguntó al fiscal si la persona que ordenó a Chávez Vigil llevarse el vehículo de la escena también podría enfrentar cargos respondió que, de acuerdo al Derecho Penal, “cada persona responde por la acción que ejecuta en el momento”.
Jefe de Batallón Presidencial, Lisandro Vigil, enfrenta audiencia por caso de camioneta @presidencia_sv involucrada en accidente.F:Escalante pic.twitter.com/OJ1eZ1s0MV
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 23 de enero de 2017
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“A Fiscalía le interesa, nada más, encontrar al responsable de haber cometido el delito de fraude procesal; en este caso, de haber movido la camioneta de un lugar hacia otro diferente”, sostuvo.
Fiscalía pide que capitán sea enviado a un penal
El 28 de octubre pasado, el Juzgado de Paz de La Libertad cambió al jefe de personal del Batallón Presidencial el delito de fraude procesal por encubrimiento y ordenó que el imputado fuera procesado pero en libertad.
La Fiscalía apeló la decisión ante la Cámara de lo Penal de Santa Tecla, quien en noviembre ordenó recapturar a Chávez Vigil para que se le procesara por fraude procesal.
La Cámara señaló en su resolución que “el acusado actuó con dolo y en carácter personal, que va más allá de la cadena de mando, como lo había expresado el Juez de Paz”, y agregó que “con dicha actuación trató de inducir a un error a la autoridad administrativa de la Fiscalía y a la inspección de la escena de los hechos”.
Desde que fue aprehendido, el capitán ha estado recluido en las instalaciones del Estado Mayor Presidencial.
El Ministerio Público ha pedido al Juzgado que lo envíe a un centro penal, como ha ocurrido en los últimos días con exfuncionarios que estaban detenidos en bartolinas policiales y fueron trasladados por orden judicial al penal La Esperanza (conocido como Mariona).
El delito que se le imputa al agente de seguridad de la Presidencia tiene una pena de cárcel superior a los tres años.
Por este caso, el motorista de la camioneta fue procesado por el delito de homicidio culposo y concilió con los familiares de la víctima.
Desde el día del accidente, funcionarios de la Presidencia manejaron el caso con hermetismo. Siempre dijeron que estaban investigando y que desconocían quién era el responsable del hecho.
En contraste, el fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que la Presidencia entregó varias veces información incoherente con respecto al motorista de la camioneta.