Los trabajadores del Movimiento en Defensa del Escalafón, la Unidad Sindical de Trabajadores de Salud (Ustraspes) junto al Colegio Médico, cuestionaron la distribución del escalafón, debido a que la nueva asignación de porcentajes, explicaron, viola los derechos de los trabajadores y les niega el sistema de incentivo laboral que se viene aplicando desde mayo de 1994.
La ministra de Salud, Violeta Menjívar, declaró en una entrevista matutina que la aplicación de los 15 millones de dólares será diferente a los estipulado en la Ley vigente que se aprobó desde hace diez años.
Explicó que la nueva distribución corresponde a lo que se aprobó en el Presupuesto General de la Nación y es aplicable al 93% de los trabajadores de Salud que ganen menos de dos mil dólares.
“De acuerdo a lo que aprobó la Asamblea Legislativa está modificado, modificado por la razones que ya todos conocemos, por la situación fiscal difícil que tenemos desde el año pasado”, expresó.
Además, Menjívar declaró que el escalafón será aplicado en el mes de febrero y los trabajadores no recibirán la remuneración de enero, debido a la aprobación tardía del presupuesto. “Como no es retroactiva la aplicación, en este caso el escalafón de enero”, dijo la funcionaria.
Los trabajadores de Salud criticaron la posición de la funcionaria diciendo que “ella solo tenía 10 millones, ahora le aprobaron 15 millones; además, a todos nos van a robar lo que supuestamente nos correspondería en el mes de enero porque ella lo va entregar a partir de febrero y ese dinero qué se va hacer”, declaró André Gregori, médico del hospital Zacamil.
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Los empleados de esa cartera estatal en reiteradas ocasiones ha declarado que con esa aplicación se les han violado los derechos y les niegan un sistema de incentivos que les permite, con base al mérito personal, incrementar su salario, ya que para este año no se cumplirá el 3% que corresponde por antigüedad ni los porcentajes de evaluación.
Los sindicatos afirman que el beneficio salarial que obtendrán este año no corresponde a un incremento salarial por escalafón.
Sin embargo, Menjívar declaró que, a pesar de no cumplir con lo estipulado en la Ley, no puede considerarse un incremento salarial porque “sigue siendo el escalafón, pero no es igual a la ley que se tiene. Es un escalafón modificado”, dijo.
Para Silvia Navarrete, secretaria de Sitrasalud, la aplicación del incremento salarial no corresponde a la Ley del Escalafón de Salud , y a que no se ha realizado un debido proceso para modificar la Ley.
“Lo ha desnaturalizado, lo ha ignorado, por lo tanto los trabajadores y trabajadoras no vamos aceptar que se nos den migajas porque nosotros hemos luchado para tener una ley que responda a los intereses de los trabajadores y con el cual se reconozca el esfuerzo que a diario realizamos todos los trabajadores de salud”, declaró Navarrete.
Fernando Rivas, miembro del Movimiento de Trabajadores en Defensa del Escalafón, señaló que “nuestra Ley del Escalafón aún no ha sido modificada ni derogada por la vía correcta, por lo que esperamos que la Sala de lo Constitucional le ordene la ministra de salud el fiel cumplimiento al presentar nuestro recurso de amparo”.
Los trabajadores interpondrán una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por incumplimiento de la Ley del Escalafón, amparándose en el articulo trece de la normativa porque se “está violentando la Constitución de la República dentro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo Gregori.
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Para la ministra, los recursos de inconstitucionalidad que los empleados de Salud presenten podrían obstaculizar el presupuesto general de la nación.
Los trabajadores esperan que la Ley del Presupuesto sea publicado en el Diario Oficial para iniciar los diferentes trámites en la Sala de lo Constitucional.
Violeta Menjívar insistió en que es necesaria la reforma de al Escalafón para que lleve un techo de tiempo, que según la funcionaria ya va incluido en el presupuesto de este año.
En cuanto a la discusión sobre la violación a la ley escalafonaria con la modificación de porcentajes de incremento salarial, explicó que “la Ley del Presupuesto define en última instancia lo que se aplica a nivel de hacienda pública y el Presupuesto General de la Nación”, por lo que no se está violentando el incremento con el Decreto Legislativo 590 de la Ley del Presupuesto.
Según las estimaciones de la funcionaria pública, se estaría beneficiando al 93% de los empleados que son cerca de 27 mil 500 trabajadores; mientras que se estima que 1,800 empleados se quedarán sin incremento salarial para el año 2017.
Para los trabajadores del ramo, el Presupuesto General de la Nación está desfinanciado y de nada sirve que se ejecute si no cumple las condiciones para dar las necesidades básicas de los empleados, detalló Navarrete.