En 14 meses la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado abrir juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra dos funcionarios y seis exfuncionarios, incluidos los expresidente Mauricio Funes y Elías Antonio Saca.
Los procesos comenzaron una vez que la Sección de Probidad del máximo tribunal recuperó la facultad de realizar investigaciones que le había sido quitada por la Corte en Pleno en 2005.
En esta entrevista, el magistrado de la Sala de lo Constitucional y también miembro de la comisión de Ética y Probidad, José Belarmino Jaime, explica qué ha significado que ahora sea investigado el patrimonio de personas que tienen o han tenido cargos públicos.
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Asimismo trae a colación los choques de diferentes sectores de la sociedad contra la Sala de lo Constitucional por las sentencias emitidas y da un adelanto de aquellas que están próximas a ser emitidas, como la demanda de inconstitucionalidad contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) y otras.
P- Este año cinco exfuncionarios han sido enviados a juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Qué lectura hace sobre este tema? Es un hecho inédito en el país.
R-Muchos se preguntan por qué Probidad hasta esta época ha comenzado a funcionar. La verdad es que allá por 2005 Corte Plena le quitó las facultades de investigación, entonces no se podía hacer nada. Fue hasta ya con estas otras integraciones de Corte Plena donde se le regresa de nuevo la facultad de estar investigando y el resultado de esto son los primeros casos que han salido.
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En lo que se refiere a Probidad, el trabajo de la Corte no es contra de alguien que ha hecho o no ha hecho algo, sino que simplemente lo que establece son indicios, pero aquí no es un verdadero juicio de cuentas, simplemente se establecen indicios y se manda a una de las Cámara correspondientes para que en la Cámara sea donde se desarrolle el verdadero juicio. De modo que la Corte no está diciendo que son culpables o son inocentes, no es esa la función.
P- ¿Cómo cree usted que es observado el trabajo de la Sección de Probidad por los ciudadanos?
R- Yo esperaría que bien, yo esperaría que sea muy bien visto porque creo que es algo que por primera vez en el país sucede. Antes que se comenzara con lo que actualmente se está haciendo, Probidad era una dependencia más, sin mayor impacto en las decisiones que tenemos, se reducía más a recibir declaraciones, ya sea de entrada o de salida de funcionarios, pero no hacía más. Ahora sí está muy activa, a pesar de que es poco personal. Creo que lo que están haciendo es muy importante, sobre todo para la transparencia de los fondos estatales.
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P- La Sección de Probidad está falta de recursos, ¿ya se están tomando acciones al respecto para fortalecerla?
R-Esperamos que para enero hayan nuevas contrataciones para hacer ingresar a mayor personal, esa es una de las dificultades, pero se está tratando en lo posible de resolver ese problema.
P- Hace unos días el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, fue encontrado culpable de enriquecerse ilícitamente con más de 80 mil dólares. Representa un antes y un después en el combate a la corrupción en el país. ¿Cuál es su valoración?
R- La Corte no ha dicho que es o no es culpable, simplemente al establecer indicios lo manda a la Cámara correspondiente y ahí es donde él tiene que establecer y comprobar que eso realmente no es así. Él ha expresado algunas cuestiones que creo que no vienen al caso, pero repito, es en la Cámara donde tiene que desarrollar su actividad para establecer que realmente no es esa posición que existe.
P- Él ha hablado de persecución política, incluso, dijo que su único pecado fue ser amigo del expresidente Mauricio Funes.
R- Eso lo dicen todos, eso que es una persecución política, como que fuera algo de lo que todo el mundo quiere agarrarse para justificar cosas que no tiene, por lo menos, aparentemente una justificación.
P-De las sesiones de Corte Plena donde se ha determinado enviar a juicio a funcionarios o exfuncionarios, ¿cuál ha sido la más acalorada en discusiones?
R- Tal vez el caso de Mauricio Funes, donde hubo un poco más de discusión, también un poco el caso de Tony Saca.
P-De hecho, en el caso de Saca tardó en emitirse una resolución
R- Sí, lo que pasa es que si usted compara el caso de él con los otros casos, son insignificantes a la par de la magnitud de lo que a él se le está procesando. En la investigación que se realizó solo se vio el patrimonio, pero esto está ligado con lo del señor Élmer Charlaix. En ese caso de Charlaix, la Corte estableció que había alrededor de unos 19 millones que no se daba una explicación certera de hacia dónde había ido ese dinero, pero la Fiscalía se anticipó mucho más, adelantó mucho más, y estaba hablando de $246 millones.
P- Cuando la Corte Plena envía a juicio al expresidente Saca ya se empezaban a atar cabos de quiénes más de sus exfuncionarios podrían ser procesados.
R- Resultaron algunas cosas ahí, pero la Corte no determinó eso, porque a quienes se les estaba haciendo esa investigación era a él, Tony Saca, o a Charlaix, en su caso, y no a otro tipo de funcionarios. Lo que pasó, lo que se determinó en el caso del señor Charlaix es que se sacaron fondos nacionales que pasan de una cuenta particular y de ahí empiezan a salir una cantidad de cheques a favor de personas que no hay una explicación de por qué recibieron ese dinero.
P- ¿Por qué las sesiones de Corte Plena no son abiertas a los medios?
R- Se publican en la página web de la Corte los resultados de lo que se ha discutido en Corte Plena. No todo mundo está de acuerdo en eso, porque muchas veces ahí se discuten cosas que, si salen a la luz, implicaría, tal vez, estar lesionando el honor de alguna persona. Entonces, esa es parte de la razón por la que no hay una transmisión. Sin embargo, está esa inquietud, hay quienes sí quieren que sea eso público, pero ahorita no se ha tomado decisión.
P- ¿Valora usted objetiva la postura de los magistrados al momento de conocer casos de presunto enriquecimiento ilícito?
R- Primero hay una presentación por parte del jefe de Probidad diciendo, por ejemplo, de acuerdo a lo que él ha elaborado con su equipo de gente, qué cosas están justificadas y qué cosas no, todo eso lo valora Corte Plena y al final llega a una conclusión. La Constitución habla de que hay enriquecimiento cuando es manifiestamente superior al patrimonio inicial. Ahí podría haber un tiempo de discusión, en qué se entiende porque sea manifiestamente superior, porque no es lo mismo en todos los casos, depende de cuál sea el patrimonio. Para ponerle un ejemplo, no es lo mismo si a alguien le sale una diferencia de $100 mil y tiene patrimonio inicial de $200 mil, a que le salen esos $100 mil dólares a alguien que tiene dos o tres millones. No es una cosa estricta, va cambiando según el caso que se va conociendo.
P- En febrero de este año el pleno de la Corte ordenó a Probidad que se hicieran auditorías de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Alfredo Cristiani, Calderón Sol, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Oscar Ortiz. ¿Cuándo estarían los resultados?
R-No le puedo decir una fecha exacta, lo que le puedo decir que se está en el proceso de investigación. Comprenderá que en algunos de ellos habrá dificultad porque es bastante tiempo el que ha pasado, y los bancos, si más no recuerdo, tienen 10 años para guardar la información que tienen, después de 10 años esa información no la tienen lista. Todo eso va a representar, creo yo, algún tipo de dificultad en la investigación de Probidad.
P- ¿Podrán ser procesados por la vía civil los expresidentes Cristiani y Calderón Sol? El jefe de Probidad, Carlos Pineda, en una ocasión señaló que los dos casos ya habían prescrito tanto por la vía penal y civil.
R- La Constitución habla de 10 año a partir del momento en el que se deja el cargo. Ese plazo, incluso, determina si va a haber o no va a haber proceso civil. Sin embargo, la cuestión no solo está en eso, tenemos ahora la Ley de Extinción de Dominio, que tiene efecto hacia atrás y no importa cuándo los hechos hayan sucedido, sino puede justificar la tenencia de los bienes que se supone que han sido adquiridos de una manera tal vez no muy correcta. Una vez prescrito (el delito), realmente, para efectos de enriquecimiento ilícito, ya no tiene mayor trascendencia lo que investigue Probidad, ahí será ya no es la Corte, sino la Fiscalía General de la República la que tendrá que hacer las evaluaciones correspondientes.
P- ¿Fiscalía cumple algún rol con la Sección de Probidad?
R- La Fiscalía General, realmente, en la investigación que hace la Corte no tiene mayor inferencia, pero desde luego, ellos están haciendo un trabajo importante. En todos los casos que se han conocido, se les ha enviado una certificación de lo que ha decidido Corte Plena. Por ejemplo, en el caso del expresidente Saca, se le envió todo lo que se había recopilado en la investigación, y yo creo que ellos por su parte continuaron con la investigación, por eso llegaron a una cantidad mucho más mayor que la que se había establecido en la Corte, y ya está el proceso penal.
P-Probidad investiga a varios exfuncionarios y funcionarios. Partiendo de eso. ¿Qué se puede esperar para el otro año?¿Podrían ordenarse más juicios civiles?
R-Es probable que sí, porque falta tener el resultado de las diferentes investigaciones que se han hecho.
P-Hablamos de cuántos casos.
R- No le sabría decir, pero yo esperaría que sean más de los que han salido este año. Ahorita creo que van alrededor de 12 que se han acordado.
P-¿Cuál es el escenario que se avecina para la Sala de lo Constitucional el próximo año?
R-Por supuesto, van a seguir viniendo demandas y nosotros vamos a seguir tomando decisiones apegadas a la Constitución, como lo hemos hecho siempre.
P- Este año la Sala se ha visto bastante atacada por la emisión de algunas sentencias…
R-Eso viene ya desde hace algún tiempo, por la inconformidad de los políticos con algunos temas. Porque los políticos creen que ellos no tienen ningún límite en su actuar y creen que pueden hacer todo los que les dé la gana, y la cuestión no es así, porque la misma Constitución establece ya los pesos y contrapesos para evitar los excesos en la injusticia del poder. Aquí se ha llegado a situaciones como la del decreto 743, que era una forma de pretender amarrar para que no salieran decisiones. Hasta eso han llegado los políticos, pero nosotros no tenemos ningún problema, vamos a seguir actuando como hemos actuado siempre, apegados a la Constitución, y haciendo lo que nos toca hacer. Si para eso estamos, por eso el salario que devengamos lo paga en general el pueblo.
P-Fue controversial cuando declararon inconstitucional el caso de los diputados suplente.
R- No han sido electos, no tienen legitimidad democrática. Ellos (diputados) quieren que a fuerza sí la tengan para manejar la Asamblea a su gusto. Eso les gusta a ellos, pero nosotros estamos haciendo lo que la Constitución dice.
P- Desde la izquierda se ha dicho que la Sala es el despacho de la derecha salvadoreña.
R-Desde que Dios nos dio la facultad de hablar, la gente habla lo que le da la gana, con o sin razón, en este caso es absolutamente ilógico que estén diciendo eso. Si usted ve las sentencias de la Sala, ¿a quién han perjudicado más? No es al Frente, pero nosotros no estamos aquí haciéndole favor político a nadie, ese tipo de cosas no se toman en cuenta al momento de tomar una decisión.
P-Hay varias sentencias en desarrollo, por ejemplo, la relacionada con las pensiones, el Sitramss, la ampliación a 5 años en el período de alcaldes y diputados, entre otras. ¿En 2017 podríamos hablar ya de resultados?
R-Yo esperaría que sí, que pudieran estar saliendo en 2017. Creo que de todas esas la que pudiera estar más próxima, tal vez, es Sitramss.
P-¿Por qué mes?
R-En dos o tres meses.
P- Se avecinan las elecciones de alcaldes y diputados, los partidos políticos han manifestado en varias ocasiones que la Sala emite resoluciones que obstaculizan los procesos electorales. ¿Qué opina al respecto?
R-Es una cosa que nosotros hemos discutido bastante en Sala, pero no es la función nuestra estar entorpeciendo el sistema electoral. Nosotros, las sentencia que conocemos, serán con anticipación suficiente para que no provoquen ningún problema en la elaboración de todo lo que se va hacer para la votación.
P-¿Cómo observa el tema de la depuración judicial?
R- Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Con esta actual conformación de Sala sí ha sido posible la suspensión, e incluso, destitución de jueces. Antes eso era imposible, pero esta conformación de Sala tiene más consciencia de eso, y nosotros, particularmente en Sala pensamos que el tema de la depuración judicial no es un tema de la Corte, es nacional, porque eso afecta a todo el país.