El pasado 26 de octubre, todas las unidades policiales recibieron una alerta emitida por la subdirección general de la Policía Nacional Civil (PNC): los cabecillas de las tres pandillas más grandes habrían acordado que, a partir de noviembre, incrementarían ataques contra personas que laboran en el “sistema de justicia”.
De acuerdo con documentos policiales a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso, los ataques serán ejecutados contra personal de la PNC, personal militar, fiscales, jueces y custodios penitenciarios.
Coincidencia o no, lo cierto es que desde el domingo 30 de octubre hasta ayer, cuatro agentes policiales han sido asesinados por miembros de pandillas.
Ayer un sargento destacado en la Unidad 911 de San Miguel fue acribillado en pleno centro de esa ciudad mientras estaba de servicio. La víctima fue identificada como José Manuel Serrano Guardado.
Horas antes, Edgardo Antonio Mate Flores, un agente asignado al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) fue acribillado mientras estaba de licencia, en el cantón Camones, del municipio de Santa Ana.
El domingo anterior, Edward Osvaldo Miranda López, de 24 años, fue acribillado a balazos en la calle principal de la colonia Juanita, en el municipio de Mejicanos.
Miranda López pertenecía a la División de Protección a Personas Importantes (PPI) y estaba destacado en la Corte Suprema de Justicia, indicaron las autoridades policiales.
Este agente del PPI no pudo defenderse porque sus superiores directos no le habían permitido que portara su arma de equipo en días de licencia, indicaron fuentes de este Diario.
Mientras tanto, el pasado miércoles, 2 de noviembre, pandilleros acribillaron a balazos a Pedro Enrique Ochoa Funes, de 52 años, sargento de la PNC, quien era el jefe de la unidad de investigaciones de La Unión.
El sargento Ochoa Funes fue asesinado a pocos metros de su vivienda, cuando se dirigía a un cementerio donde está sepultada su madre.
A excepción del sargento Serrano Guardado, las otras tres víctimas fueron asesinadas mientras estaban de licencia.
En este caso, información procedente de fuentes policiales indica que varios pandilleros dispararon varias ráfagas de fusil, matando al sargento y lesionando a dos policías más. Luego, los atacantes huyeron por entre el mercado municipal de San Miguel.
“Guerra escalonada…”
El “acuerdo”, según los documentos policiales, fue tomado recientemente por los cabecillas de las maras, luego de considerar que solo han estado atentando “contra personal que labora en las instituciones de justicia que se encuentra en un nivel de poco impacto social”.
Los documentos policiales indican que los cabecillas han ordenado asesinar también a personas que ostentan cierto nivel de liderazgo en el ámbito político y económico; pues consideran que estos son, en alguna medida, responsables de la implementación de las medidas extraordinarias con las cuales el gobierno los ha puesto en condiciones difíciles y que se han desarrollado otras acciones que han derivado en la muerte de muchos pandilleros. Lo anterior hace suponer a las autoridades policiales que las maras podrían considerar blanco de sus ataques a alcaldes y diputados.
Trascendió que la institución policial ha informado a jueces y fiscales sobre la amenaza latente para que tomen las medidas de precaución pertinentes.
Contraataque por las medidas extraordinarias
De acuerdo con documentos judiciales en el caso conocido como Operación Jaque, la orden de atacar a policías, jueces, fiscales, diputados y empresarios ya había sido girada por la MS-13 desde mediados de este año.
De hecho, una “wila” (manuscrito con órdenes de maras) decomisada el 27 de junio en Ilopango, decía textualmente: “Nos hemos reunido con corredores de pro (programas) para formular algunas líneas, debido a las pérdidas que como familia hemos tenido de parte de las autoridades…. Y cuando hablamos de objetivos nos referimos a fiscales, abogados, agentes de altos rangos, militares de alto rango, jueces, magistrados, diputados, renombrados empresarios, que nos han hecho daño… Es necesario que les hagas ver a los números (pandilla 18) que esto ya no es en conjunto, que ellos hagan lo que tengan que hacer en su terreno y nosotros en el nuestro…”.
En la misma investigación se menciona que las maras acordaron ejecutar acciones como reacción a las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno a finales de marzo anterior.