La diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, deberá comparecer el lunes ante los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para rendir cuentas de las medidas que ha tomado el Órgano Legislativo para reducir el hacinamiento en las cárceles de El Salvador.
También han sido citados para la audiencia el Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; el Director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, así como el titular de la Dirección de Centros Penales, Rodil Hernández. Además, el Fiscal General, Douglas Meléndez; la Ministra de Salud, Violeta Menjívar, y los jueces de Vigilancia Penitenciaria.
En una nota dirigida a la Sala, la jefa parlamentaria adelantó que no acudiría y se quejó de que ha sido citada en su calidad personal y no como presidenta de la Asamblea Legislativa.
Otra razón que alega Peña para no estar en la audiencia es que considera que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional afectan las finanzas del Estado, “lo cual lejos de contribuir al cumplimiento de situaciones como las referidas en la sentencia… impiden la implementación de políticas públicas en materia penitenciaria… (y) los necesarios recursos económicos han sido bloqueados por ese tribunal”.
La Sala no ha aceptado como válidos los supuestos impedimentos de la diputada para no comparecer en la diligencia, por lo que le ordenó que se presente el lunes, a las 8:30 de la mañana.
Hacinamiento va contra la Constitución
El 27 de mayo pasado, los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González declararon inconstitucionales las condiciones de hacinamiento que hay en los centros penitenciarios y bartolinas policiales.
Ellos resolvieron que la situación en la que están los más de 33 mil presos (entre condenados y procesados) vulnera los derechos a la integridad física y a la salud de los privados de libertad.
Por ello, los magistrados le delegaron a diferentes instituciones de Gobierno ejecutar acciones específicas para mejorar las condiciones en las que están los reclusos.
A la Asamblea Legislativa le ordenaron establecer la competencia territorial de cada uno de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para que ejerzan control y vigilancia en las bartolinas policiales.
Los jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena deben actualizar con urgencia los datos de los internos que ya no tienen que continuar en prisión por cumplimiento de la pena o que pueden, conforme a la ley, disponer de beneficios penitenciarios.
Mientras que a la Dirección de Centros Penales y a la Policía les encomendaron construir o adecuar nuevos espacios de reclusión, a fin de descongestionar los actuales.
A la Fiscalía General se le ordenó decretar detenciones administrativas cumpliendo rigurosamente los preceptos legales y al Ministerio de Salud realizar visitas médicas periódicas en los presidios para evaluar o resolver las necesidades sanitarias.
Aunque la Sala de lo Constitucional no estableció un plazo para que se hagan las mejoras en los presidios anunció que realizaría audiencias de seguimiento del cumplimiento de la sentencia.