Los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron ayer la petición de España de extraditar a 17 militares salvadoreños para que sean enjuiciados en ese país, por las muertes de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, según confirmó uno de los magistrados.
Los religiosos, algunos de ellos españoles de nacimiento, y sus colaboradoras; fueron asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por un comando del Ejército en el marco de una ofensiva de la entonces guerrilla del FMLN en las principales ciudades del país.
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El rechazo de no extraditar a los militares salvadoreños fue tomado por los 15 magistrados en Corte Plena, pero la resolución aún no había sido firmada porque todavía discutían los argumentos para fundamentar la decisión.
Familiares de los militares y abogados se mostraron satisfechos y esperan que de una vez se resuelva situación jurídica de sus parientes (ver nota a parte).
“Se tomó la decisión de denegarlo pero estamos en la cuestión de los fundamentos”, confirmó Belarmino Jaime, magistrado de la Sala de lo Constitucional y quien razonó su voto contra la derogatoria de la Ley de Amnistía.
Jaime dijo, vía telefónica, que no podía confirmar cuándo sería dada conocer la decisión del caso Jesuitas, y solo se limitó a decir que “podría salir ahora (ayer)”.
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El magistrado se abstuvo de dar más detalles de la decisión colegiada, porque todavía discuten las argumentaciones de la denegación de la extradición de los militares a España.
Otras fuentes de la Corte confirmaron que el rechazo a la petición de extradición favorece a los cuatro militares que se encuentran detenidos, aunque no descartan que la misma pueda extender sus beneficios hacia los otros 11 que se encuentran prófugos.
El coronel Inocente Montano, quien fue viceministro de Seguridad Pública, se encuentra detenido en Estados Unidos en espera de que una Corte Federal decida si lo extradita o no a España.
El 5 de febrero pasado, la Policía capturó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los subsargentos Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, en cumplimiento a la orden internacional de captura emitida por Interpol por requerimiento del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco.
Sin embargo, distintos sectores juristas han señalado que el caso ha sido juzgado dos veces bajo las leyes salvadoreñas y por lo tanto no procede la extradición.
CSJ debate sobre otros implicados en caso Jesuitas reclamados por España
Los cuatro detenidos se encuentran a la orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador en espera de una resolución de la Corte Plena.
Por considerar que las detenciones de los militares son ilegales, sus defensores presentaron dos recursos de Habeas Corpus para que los pusieran en libertad ante la Sala de lo Constitucional, pero hasta la fecha ninguno de los recursos ha sido admitido.
Juristas advierten ilegalidad de capturas
Además, reconocidos abogados como Mario Solano, René Fortín Magaña y Enrique Borgo Bustamante, entre otros, integrantes del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional, han advertido que los cuatro militares se encuentran en detención ilegal porque las leyes salvadoreñas solo establecen dos tipos de detenciones.
La primera corresponde a la Fiscalía que es la administrativa que no debe de exceder de las 72 horas de estar bajo su responsabilidad y la segunda detención es la que emite el juez, para que el tribunal le notifique al acusado el motivo de su detención y tampoco debe de exceder de 72 horas.
Los cuatro militares que se encuentran detenidos fueron procesados y juzgados en 1991, pero solo el coronel Benavides fue condenado a 30 años de prisión; mientras que el resto fueron exonerados.
Benavides salió en libertad en 1993 al ser beneficiado por la Ley de Amnistía, la cual fue declarada inconstitucional el 13 de julio pasado por la Sala de lo Constitucional.
Estos mismos abogados del referido instituto pidieron recientemente a la Corte que declarara inadmisible, inaplicable, e improcedente, la petición de extradición para los militares salvadoreños por considerar que viola la Constitución y la soberanía nacional.
También, los abogados defensores han reiterado de que no procede la extradición porque hay dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la que han denegado la extradición y las cuales fueron emitidas en el 2011 y 2012.
Defensor: deben de ser liberados de inmediato
El abogado Lisandro Quintanilla, uno de los defensores de los militares, sostuvo ayer tarde en una entrevista radial que la resolución favorece a los cuatro detenidos, pero que también la misma tiene que beneficiar al resto de los militares que son prófugos.
“La misma razón debe de disponerse para aquellos que todavía no están detenidos, pero que están siendo objeto de una persecución”, dijo Quintanilla.
Agregó que “es mucho más fácil para la Sala de lo Constitucional en este momento pronunciarse dejando sin efecto las órdenes de captura, para posibilitar que todas estas personas se incorporen a su vida normal”.
Quintanilla sostuvo les sorprende que los magistrados se hayan puesto de acuerdo de forma tan expontánea y consideró justo que se haya denegado la extradición porque el juicio en España ha sido diseñado para que los militares sean condenados.
El abogado espera que inmediatamente después de conocerse la denegatoria de la extradición de forma oficial, los cuatro militares que se encuentran detenidos sean dejados en libertad.
Agregó que los magistrados, con su resolución, han enviado un mensaje a los grupos que hacen un “fuerte lobby” a favor de que los militares sean procesados judicialmente en España.
“El mensaje que la Corte les ha dado a todos aquellos que están en pro de la extradición es: ‘miren, impera primero la Constitución y el Estado de Derecho en El Salvador’… Y por el principio de reciprocidad El Salvador no va a renunciar a su soberanía de extraditar a sus connacionales cuando no existe ninguna razón para ello”, dijo Quintanilla.
Uno de los argumentos de la defensa de los militares durante todo el proceso es que la petición de España es improcedente porque anteriormente la Corte en Pleno ya había resuelto a favor de los militares.
Benavides está recluido en las bartolinas de la División Antinarcóticos y los demás en la División de Tránsito.
