El Ministro de Educación, Carlos Mauricio Canjura, reconoció ayer que la violencia “es un problema grave que rebasa la capacidad que tiene la planta docente, el sistema educativo”.
Previo a una actividad de rendición de cuentas, Canjura también afirmó que “en ese sentido están tratando de hacer lo mejor que se puede por ir avanzando en ese problema” que en los últimos días golpeó muy fuerte en el Centro Escolar del Cantón Piedras Pachas, de Izalco, Sonsonate.
El centro educativo permaneció cerrado durante un mes debido a las amenazas y constante acoso de parte de las pandillas hacia los profesores y los estudiantes; y si bien la institución reabrió sus puertas esta semana lo hizo con personal docente nuevo contratado por el Ministerio de Educación.
“Es un problema bastante delicado y nos hemos coordinado con la Policía”, declaró el ministro.
Canjura no precisó cuántos centros educativos están afectados directamente por el accionar de grupos de pandillas en el país; sin embargo, reconoció que esta es una de las razones que inciden en la deserción escolar.
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La cifra que el Ministerio de Educación (Mined) manejaba en 2015 sobre deserción escolar era de 39 mil estudiantes, y según dijo el funcionario: “sí, creemos que la mayoría deserta por razones de seguridad”. Tras esa afirmación señaló que esa es una cifra preocupante, pero que espera que la situación mejore en la medida que el problema se vaya resolviendo a nivel nacional.
“Yo veo algo positivo en cuanto se va reduciendo el nivel de hechos delictivos en los últimos meses”, confió el titular, sin dejar de enumerar que la cartera de Estado en coordinación con otras instituciones están desarrollando acciones en 26 municipios.
“En los municipios priorizados tenemos contratados 77 psicólogos para atender este tipo de problemas. Son problemas muy serios que requieren capacidades que van más allá de las capacidades construidas en los docentes nuestros”, expuso.
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Desde algunos sindicatos del magisterio como Simeduco comparten la esperanza de que la situación de inseguridad se reduzca, pero no están muy convencidos de que haya una disminución de hechos delictivos como lo está advirtiendo el gobierno.
“Nosotros no tenemos certeza de que realmente los homicidios hayan disminuido porque no hemos escuchado informes claros de Medicina Legal como ocurría meses atrás”, opinó el profesor Francisco Zelada, secretario general del Simeduco.
El sindicalista dijo de que no se están destinando suficientes recursos a las más de cinco mil escuelas, lo cual no permite atender adecuadamente a los estudiantes en lo que se refiere a la educación formal que se brinda en el salón de clase, como a través de otros proyectos que propicien su formación integral.
“En las escuelas hay planes de prevención, pero están durmiendo el sueño de los justos porque no hay recurso para financiarlo. Y si no se financian esos planes de prevención al interior de los centros educativos qué podemos esperar”, agregó.
Zelada considera que todos las instituciones educativas del sistema público deberían contar por lo menos con un psicólogo asignado por el Mined, aunque advierte que esos 77 que se han ubicado en los 26 municipios focalizados resultan muy pocos, considerando la cantidad de estudiantes que atiende cada docente.
#ElSalvador La escuela fue abierta el martes,pero con menos estudiantes: https://t.co/Z4OoETlC1b
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 20 de julio de 2016
Desde el punto de vista de Manuel Molina, del Movimiento Magisterial Revolucionario de El Salvador, “la situación delincuencial en las escuelas va peor en los últimos años y la prueba de ello es que hay muchos maestros amenazados”.
Molina detalla que sólo en Cuscatlán se han dado varios casos donde plantas completas de docentes han sido amenazados, extorsionados y hasta obligados a marcharse de las instituciones.
El dirigente subraya que pese al riesgo que corren los educadores las oficinas del ministerio de Educación no siempre reaccionan de la mejor manera ante estos casos, pues en algunas ocasiones desde las direcciones departamentales los presionan para que se mantengan en sus puestos de trabajo.
“Conozco casos de maestros que se han ido del país porque no les han solucionado su problemas, conozco de maestros despedidos porque al final los han acusado de abandonar la escuelas y los procesos en las Juntas de la Carrera Docente los dejan prácticamente sin empleo”, agregó Molina.
El dirigente también observa que no siempre la medida de establecer policías y soldados dentro de las instituciones es la más indicada de abordar el problema.