Las 11 familias de igual número de obreros asesinados el pasado 3 de marzo en San Juan Opico, por la pandilla 18 Revolucionarios, además del luto y la pobreza, también comparten una circunstancia más: ninguna de las víctimas estaba asegurada y, por tanto, sus familiares quedaron sin seguro de vida o pensión.
A sus familias, la empresa para la que trabajaban solo les dio el ataúd y $500. El jornalero tenía 40 años de vivir en la zona.
Cuatro eran de Cuisnahuat, Sonsonate; cuatro residían en Jayaque, La Libertad, y dos más en una comunidad del barrio San Miguelito, en San Salvador. Uno era jornalero y vecino del lugar donde los masacraron.
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Solo algunas de esas familias dolientes se atreven hablar del caso con extraños. Pero a pesar de que no hablen mucho, el silencio y la forma cómo viven dicen mucho: Están desamparados, la pobreza se ha acentuado y los sueños de aquellos hombres quedaron abandonados, como el de Gerson Carlitos, que aunque apenas con seis días de haber comenzado a trabajar ya hacía planes con los 11 dólares diarios que estaba ganando.
Estaba por cumplir los 29 años, los cumpliría el 11 de mayo, y no hacía mucho que se había acompañado con una joven de Cuisnahuat.
La madre le había dado un espacio pequeño para que hiciera una “casa” con láminas usadas y plásticos negros.
En Cuisnahuat todos saben de la tragedia de los vecinos, pero pocos se atreven a hablar. Lo mismo sucede en las lotificaciones de Jayaque donde vivían otros cuatro masacrados. Algunas madres no quieren ni acordarse de esa tragedia y prefieren no hablar con periodistas para no revivir aquellos aciagos momentos.
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La mayoría de los obreros asesinados tenía pocos días de haber comenzado a trabajar en ese nuevo proyecto. Algunos ganaban 11 dólares diarios, otros ganaban 15, los de más edad. Ninguna familia dice que sabe para qué empresa trabajaban las víctimas.
Solo recuerdan que mencionaban a un ingeniero de apellido Laínez, quien les llamaba por teléfono cuando tenía algún proyecto. Llamaba a los más veteranos, como a Nicolás Ascencio o a Jorge Alberto Colorado Cabrera, a quienes les decía cuántos obreros más necesitaba. Así se fueron los más jóvenes de Cuisnahuat y de Jayaque.
Ellos trabajaban conscientes de que no tenían ninguna prestación laboral, incluso los trabajadores que tenían años de trabajar con el “ingeniero Laínez”. “De todas maneras, si no trabajaban tampoco tenían ni seguro”, explicó la esposa de una de las víctimas.
La empresa para la que laboraban los 10 obreros solo les dio el ataúd y 500 dólares para gastos funerarios.
El agricultor sacrificado
Miguel Ángel Hernández Hernández le gastó una broma a una de sus nietas aquella mañana del 3 de marzo mientras se desayunaba, luego salió para su trabajo, pero a pocos pasos se regresó tres veces por cosas que se le olvidaban.
Era agricultor y corralero en una propiedad del caserío El Flor, cantón Agua Fría, en San Juan Opico, donde había vivido desde hacía casi 40 años. Días antes le había prometido a María, su esposa, que le ampliaría el corredor de la casa.
Lo último por lo que Miguel regresó a su vivienda fue por un machete. Luego ya no lo volvieron a ver más. Se había ido a pastorear un patacho de ganado.
Era parte de su rutina desde hacía más o menos 15 años. Poco antes del mediodía regresaba con el ganado.
María, una testigo de Jehová, continuó con su rutina haciendo oficios en su casa. Le dio clases de la Biblia a la nieta a la que su marido le gastó una broma antes de marcharse… para siempre.
Al mediodía, escuchó acerca de una balacera y vio pasar varios carros repletos de policías y soldados. Ella pensó en su Miguel Ángel y entonces tuvo un presentimiento. Y así fue.
Miguel Ángel fue asesinado por los pandilleros por que pensaron que había presenciado la masacre de los obreros.