El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció ayer el informe de auditoría de bienes de Mauricio Funes obtenidos durante su gestión (2009-2014), elaborado por la Sección de Probidad del máximo tribunal.
El análisis del informe, del cual no se dieron detalles, les tomó al menos siete horas a los 15 magistrados, que al final le dieron tres días hábiles más a Funes para aclarar señalamientos, según se informó.
Una fuente del máximo tribunal declaró que el análisis del documento se retomará el próximo martes en Corte Plena, instancia donde participan todos los magistrados de la CSJ.
La de Funes es la primera de las auditorías de los tres últimos expresidentes, cuya entrega ha ordenado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Este organismo dio una prórroga a la Corte hasta el próximo 23 de febrero para que la Corte entregue las auditorías de Funes, de Antonio Saca (2004-2009) y de Francisco Flores (1999-2004).
Los informes tenían que haberse entregado el pasado diciembre, pero la Sección de Probidad no había concluido su investigación, por lo que solicitó una nueva fecha.
Hasta ahora, la Corte sólo había entregado al público las declaraciones patrimoniales de los tres exgobernantes del país.
Cuando se realizó la audiencia en el IAIP entre la CSJ y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través de su Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (Funde-Alac) la Corte reconoció que nunca realizó los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales entregadas por Flores, Saca y Funes.
Incluso Funde-Alac solicitó a los comisionados del IAIP que se pronuncien acerca de la oposición de algunas instituciones a entregar la información, como el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Centro Nacional de Registros (CNR).
A la fecha, el pleno de la CSJ ha ordenado juicios de enriquecimiento ilícito contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, y contra el diputado de la Asamblea Legislativa, Reynaldo López Cardoza.
Funes, según las versiones públicas de su declaración patrimonial, reportó un incremento de más de $57,910, 9.5% respecto a su declaración inicial de $611,884.
Hay que recordar que la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece en el artículo 11 que los juicios por enriquecimiento ilícito solo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado público haya cesado el cargo, cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. Por ello el caso del expresidente Funes sigue vigente.
A la fecha, Probidad tiene en proceso 29 casos por enriquecimiento ilícito.