Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) decidirán hoy si inician un proceso sancionatorio en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Douglas Meléndez, por no cumplir con la resolución del Instituto de entregar una copia de la sanción interpuesta por los Estados Unidos a El Salvador por revelar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
Este documento fue solicitado por Roberto Burgos, coordinador de Alac (Asesoría Legal Anticorrupción) de El Salvador y especialista del área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), pero le fue negado por la Fiscalía.
Ante esto, Burgos acudió al IAIP y en diciembre del año pasado esta entidad resolvió que la FGR tenía que entregarle esa información, pero la Fiscalía apeló esa resolución.
El 29 de enero, el IAIP volvió a resolver en contra de la Fiscalía, rechazando el recurso de apelación y le dio cinco días para que entregara el documento. El plazo venció ayer.
Según el comisionado Jaime Campos, el documento no habría sido entregado, por lo que el siguiente paso sería iniciar un proceso para imponer una sanción, en el cual le darán siete días a la Fiscalía para que argumente por qué no lo ha entregado.
“De ahí el IAIP tiene tres días para resolver el caso, ya sea imponiendo la multa o absolviéndolo, si fuere el caso”, explicó Campos.
La sanción, según indica la ley de Transparencia, equivale a 40 salarios mínimos del sector comercio y servicios, que actualmente es de $251.70, lo que equivaldría a una multa de $10,068, la cual sería impuesta al titular de la Fiscalía por no cumplir con la resolución, aseveró Campos.
Hay antecedentes de funcionarios que se han negado a pagar la multa impuesta por el IAIP, como el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, del FMLN, quien se negó a pagarla y acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema.
Por otro lado, Campos informó ayer que el diputado Juan Valiente, de ARENA, apeló ante el Instituto, ya que la Asamblea se negó a brindarle información sobre los empleados que tienen contratados cada uno de los diputados de la Junta Directiva.