El Gobierno salvadoreño rechazó que con las detenciones de cuatro militares el viernes pasado, quienes son reclamados por un juez español por el caso jesuitas, se esté violando las leyes nacionales y tratados internacionales, tal como afirman familiares de los detenidos.
“Este Gobierno es absolutamente respetuoso de las leyes nacionales y tratados internacionales, así como del sistema de justicia y sus procedimientos”, dice en un comunicado emitido ayer por la Presidencia.
En el escrito se indica que la Policía Nacional Civil (PNC) “dio cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias”.
También afirman que el Gobierno está comprometido con el cumplimiento de los principios establecidos en los Acuerdos de Paz.
Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, aseguró que el gobierno “ha cumplido con una obligación” y reiteró que hay sintonía con los partidos políticos de respetar los Acuerdos de Paz.
“La actuación de la Policía ha estado apegada a derecho, por ello esto no vulnera los Acuerdos y todos, tanto gobierno como partidos políticos, estamos comprometidos con su respeto”, recalcó.
En el comunicado, el Ejecutivo cita resoluciones del Órgano Judicial en relación a las notificaciones de Interpol y sus implicaciones. Una de ellas fue la del 24 de agosto de 2011, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que la notificación roja es un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de captura; otra es del 24 de agosto de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional indica lo contrario.