La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) destacó ayer que la Corte Suprema de Justicia haya iniciado juicios civiles por presunto enriquecimiento ilícito contra 29 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos tres expresidentes de la República.
No obstante, el director del Departamento de Estudios Legales (DEL) del tanque de pensamiento, Javier Castro, sostuvo que hay algunas deficiencias como la aprobación de una ley de Probidad sin la facultad de iniciar juicios civiles contra los funcionarios. Esta omisión demuestra las “intenciones claras de frenar el trabajo que a venido realizando Corte Plena”, afirmó Castro durante la presentación del Informe de Coyuntura Legal e Institucional correspondiente al segundo trimestre de 2015.
En ese sentido, Castro también señaló que el plazo de tres días que la sección de Probidad dio al expresidente Mauricio Funes para explicar algunas inconsistencias en su declaración patrimonial eran innecesarios, en vista de que el exmandatario podría justificar su declaración durante un juicio civil.
“Creemos que no era necesario que se considerara ese espacio, porque digamos que ya cuando se inicie el juicio civil será donde se ventilen y donde se presenten las pruebas y se determine finalmente la responsabilidad, si la tiene o no”, aseguró.
El exmandatario presentó el pasado viernes, un día antes del plazo establecido, las justificaciones de los ingresos declarados. En varias ocasiones, Funes ha escrito en su cuenta de Twitter que algunos de los fondos gastados fuera de su período como mandatario no necesariamente tienen origen ilícito o provienen del erario.
Castro destacó que los casos de juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo López Cardoza y el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, son los primeros desde la aprobación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito en 1959.
La nueva Ley de Probidad, aprobada en diciembre, no está vigente pues la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar que suspende sus efectos mientras analiza demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones de la sociedad civil en contra de esta ley.
El informe de Fusades también afirma que es necesario impulsar reformas “para consolidar aun más el derecho de acceso a la información y limitar los espacios de discrecionalidad que existen a la hora de declarar como reservada la información”. Además, Javier Castro enfatizó en la necesidad de cambios a la ley de la Corte de Cuentas de la República.
Finalmente, Castro hizo sus consideraciones sobre el Tribunal de Ética Gubernamental. “Creemos que sin duda debe fortalecerse su efectividad y su eficiencia, porque no están cumpliendo con las expectativas”, agregó.